La Defensoría del Pueblo, entidad liderada por Iris Marín Ortiz, presentó un informe técnico y urgente titulado “Decisiones impostergables en materia de derechos humanos”, dirigido a los aspirantes a la Presidencia y la Vicepresidencia en esta contienda electoral, que determinará quién estará en la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años.
El documento advierte que el país enfrenta una crisis estructural que requiere acciones inmediatas en áreas críticas como la alimentación, la salud, la seguridad territorial y el sistema penitenciario, subrayando que la persistencia de la desigualdad sigue siendo el mayor obstáculo para la dignidad humana en el territorio nacional.
1. Desigualdad estructural y exclusión persistente
Se identificaron “seis acciones impostergables” para orientar las propuestas de gobierno: abordar de manera estructural la pobreza y la inseguridad alimentaria; consolidar el derecho al cuidado como pilar de la igualdad; garantizar el goce efectivo de los derechos sociales; enfrentar el racismo estructural y la discriminación; fortalecer la protección a lo largo del curso de vida para garantizar el derecho al buen futuro y garantizar condiciones dignas de reclusión y superar el estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario como imperativo de igualdad y derechos humanos.
Uno de los puntos más alarmantes del reporte es la situación de inseguridad alimentaria, que afecta al 28,1% de los hogares colombianos según datos del Dane que se señalaron en el informe, con una incidencia significativamente mayor en las zonas rurales y entre poblaciones étnicas.
La entidad enfatiza que el derecho a la alimentación no puede seguir siendo postergado y exige al próximo gobierno políticas agrarias que no solo entreguen tierras, sino que aseguren bienes públicos, créditos y proyectos sostenibles que garanticen la soberanía alimentaria y la permanencia de los campesinos en sus territorios.
2. Violencia armada, paz, seguridad y garantías democráticas
En cuanto a temas de salud y justicia, la Defensoría documentó un deterioro preocupante. El informe revela que las tutelas para acceder a servicios de salud aumentaron un 34,1% entre 2024 y 2025, lo que evidencia fallas sistemáticas en la financiación y transparencia del sistema.
Paralelamente, señaló que la situación en las cárceles se describe como un “Estado de Cosas Inconstitucional” persistente, con un hacinamiento global del 27,4% que llega a niveles críticos del 289% en establecimientos como el de Riohacha, lo que vulnera los derechos mínimos de la población privada de la libertad.
Respecto a la seguridad y la paz, el organismo señala que, tras una década del Acuerdo de Paz, las violencias se han reconfigurado con la expansión de estructuras criminales transnacionales.
Se señaló que “en 2025 se registraron 39 homicidios de firmantes de paz, lo cual evidencia que, sin condiciones efectivas de seguridad, el proceso de reincorporación se debilita y el espacio cívico se contrae en lo local”.
La entidad recomendó implementar políticas de sometimiento a la justicia para estos grupos y agilizar la reparación a las víctimas, cuya situación sigue siendo desproporcionada frente a las metas de cumplimiento.
Sustitución de cultivos ilícitos
Asimismo, se pidió un enfoque de derechos humanos en la política de sustitución de cultivos ilícitos, priorizando el desarrollo alternativo y el tratamiento diferenciado para los pequeños cultivadores.
“Las organizaciones y asociaciones campesinas y étnicas han advertido que, pese a haber cumplido los compromisos de erradicación inicial asumidos en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), el Estado no ha garantizado de manera suficiente ni oportuna el cumplimiento de la oferta institucional acordada”.
Además, se señaló que son específicamente los retrasos, incumplimientos y debilidades en la implementación los que “han erosionado la confianza de las comunidades y afectado la sostenibilidad de los procesos de sustitución voluntaria”.
3. Degradación ambiental, cambio climático y derechos de la naturaleza
Por último, el documento abordó la crisis climática como un motor de desplazamiento forzado.
La entidad identificó que más de 143.000 personas están en riesgo inminente por desastres naturales y degradación ambiental en puntos críticos del país.
Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado para que el próximo Ejecutivo fortalezca la autonomía y el presupuesto de la institución, asegurando que su presencia en las regiones más apartadas sea el garante de los derechos humanos frente a las economías ilegales y la ausencia de institucionalidad.
4. Reforma rural integral y derechos del campesinado y de los pueblos étnicos
Además, el informe destacó que el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional y la creación de la jurisdicción agraria representan avances clave para mejorar el acceso a la tierra, la soberanía alimentaria y la sostenibilidad ambiental.
Sin embargo, advirtió que persisten profundas desigualdades en la ruralidad, especialmente para mujeres y pueblos étnicos, lo que exige incorporar enfoques diferenciales.
La Defensoría señaló que, sin decisiones urgentes y una implementación integral de la reforma rural, estos problemas seguirán afectando los derechos del campesinado y limitando la construcción de paz territorial en el país.
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