La organización expresó sus preocupaciones por las medidas excepcionales para atender la emergencia invernal.
La organización Transparencia por Colombia expuso que los decretos 0174 y 0175, emitidos por el gobierno Petro para atender la emergencia invernal, generan riesgos de corrupción “preocupantes” de cara a las elecciones al Congreso y a la Presidencia que tienen lugar este año.
Como primer punto, a la organización le llamó la atención “la posibilidad de adicionar recursos a contratos existentes sin ningún límite”, y aseguraron que esto es riesgoso dado que los bienes y servicios que se contraten bajo esta figura podrían terminar costando “muchísimo más de lo establecido en el contrato original”.
También hablaron de la Ley de Garantías. Expresaron que, si bien esta permite la contratación directa en emergencias, la coincidencia de estos dos factores “debe ser una señal de alerta para la Procuraduría y la Contraloría en la actual coyuntura electoral”.
Al respecto, la senadora Angélica Lozano se pronunció en días pasados en su cuenta de X, diciendo que “el documento (el decreto 0175) elimina límites a las adiciones y elimina la restricción de la ley de garantías en plena época electoral”. Aunque reconoció que la emergencia invernal exige contratación rápida, s que “eso no está en discusión”.
Con respecto a las medidas excepcionales de contratación, la parlamentaria se refirió de manera concreta al Artículo 12:
A su vez, Transparencia instó a las diferentes entidades que hagan uso de estas figuras habilitadas: “deberán sustentar que el uso de recursos tenga vínculo con la emergencia y evitar desviaciones hacia otros propósitos, incluyendo los electorales”.
Finalmente, hicieron otro llamado a que las entidades contratantes evidencien los parámetros técnicos utilizados para justificar los contratos o las adiciones: “Las emergencias requieren mecanismos ágiles de actuación por parte del Estado, pero sin ceder ante riesgos de corrupción”, concluyeron.
Los expertos en contratación pública han explicado una y otra vez que dar contratos directos es preocupante porque elimina la competencia, lo que suele derivar en un uso ineficiente de los recursos públicos y en una menor calidad de los servicios.
Esto, porque se saltan los procesos de licitación, se reduce la transparencia y aumenta el riesgo de corrupción. Por ende, se facilita el favoritismo hacia empresas amigas o el pago de favores políticos con dinero de los impuestos.
Las preocupaciones no son en vano. Justo antes de la Ley de Garantías, el Estado se convirtió en una feria de contratos. Como documentó este diario, un informe de la Contraloría General prendió alarmas por la disparada que hubo en la contratación en el mes de enero con respecto al periodo electoral anterior de Congreso y Presidencia (en 2022): las contrataciones subieron más del 64%.
Al analizar el comportamiento de la celebración de contratos durante el actual Gobierno, el ente de control evidenció que el período del 01-30 enero 2026 “presenta un incremento sustancial del 64,48 % pasando de 103.563 a 160.616 y frente al valor contratado el monto total creció un 75,14 %, elevándose de $5,4 billones a $9,5 billones”.
En el consolidado (contando entidades del orden nacional y territorial), en esos días se registraron 521.269 contratos suscritos. Estos representan un valor de $32,88 billones. De esa cifra, el orden territorial concentró la mayoría, con 348.495 contratos por $17,7 billones; el orden nacional registró 164.813 contratos por $14,87 billones, mientras que las corporaciones autónomas sumaron 7.961 contratos por $0,3 billones.
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A pesar de las contrataciones elevadas, esto no significa que hayan sido por favores políticos relacionados con las elecciones legislativas y presidenciales de marzo, mayo y junio. Confirmarlo o negarlo es labor de las autoridades competentes. Sin embargo, el informe de este órgano de control prendió las alarmas y a eso se debe el pronunciamiento de ONGs como Transparencia por Colombia.
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