Más de 200 pacientes trasplantados denuncian retrasos en medicamentos y controles médicos tras la finalización de convenios con la Nueva EPS. Fundaciones advierten riesgos y exigen soluciones urgentes.
La crisis del sistema de salud seguiría pasando factura a los pacientes. Según diferentes fundaciones como Retorno Vital y Asubim Pro, más de 200 pacientes trasplantados no saben dónde serán tratados e instituciones como la Clínica Shaio dejaron de atenderlos por fin del convenio con Nueva EPS ante la falta de pagos de la entidad.
De acuerdo con la Fundación Retorno Vital, creada por y para personas con enfermedades de alto costo, muchos de los pacientes “llevan siete meses sin inmunosupresiones, reduciendo dosis, endeudándose o comprando medicamentos para no perder su trasplante. Mientras tanto, se dice que todo está bien. No lo está. La vida de quienes esperaron tres-cuatro años por un trasplante hoy está en riesgo. Exigimos respuestas y acción inmediata”.
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En redes sociales se conoció puntualmente el caso de Osvaldo Casallas, paciente de 53 que tuvo un trasplante de riñón hace nueve años. Casallas se refirió a la situación concreta de la Clínica Shaio: “Me ha llegado un mensaje donde me han cancelado la cita de abril. Me encuentro desubicado, ya que es vital asistir a estas citas para recibir nuestro tratamiento, laboratorio y medicamentos de mes”, aseguró.
La Fundación ya había denunciado casos de “pacientes de la Nueva EPS con demoras de hasta 266 días para acceder a tratamientos y servicios ordenados por médicos”. Los afectados estarían en Bolívar, Magdalena, Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Meta y Valle del Cauca.
Si los pacientes trasplantados suspenden su tratamiento, según la Fundación, aumenta el riesgo de rechazo del órgano, puede perderse el trasplante y el paciente puede morir. La entidad reiteró que “un trasplante no termina en la cirugía. Depende de tratamiento y control médico permanente. Detrás de cada trasplante hay un donante, una familia que dijo sí a la donación y años de trabajo médico. Perder un órgano trasplantado por falta de medicamentos es inaceptable.
Las denuncias de pacientes como los de la Fundación Retorno Vital no han sido las únicas hacia la Nueva EPS. El mes pasado sonó por ser las demoras en la entrega de medicamentos y en el traslado de Kevin Acosta, el niño de siete años que falleció el mes pasado en un caso mediático que mostró las consecuencias reales de la crisis que atraviesa el sistema de salud.
Este 10 de marzo, el Ministerio de Salud emitió un comunicado en el que aseguró, a pesar de los testimonios y denuncias de los pacientes y fundaciones, que “no contempla bajo ninguna circunstancia la suspensión de tratamientos, trasplantes, quimioterapias ni otros procedimientos de alta complejidad, ni autoriza de manera alguna a la interrupción de la atención de pacientes con enfermedades de alto costo”.
A principios de la semana fue suspendido el decreto 182 de 2026 del MinSalud, con el que se contemplaban traslados obligatorios masivos de cerca de seis millones de usuarios entre EPS, de los cuales más de 2,6 millones iban a ser trasladados a la Nueva EPS, que no tiene la capacidad para recibirlos.
En su decisión, el Tribunal Administrativo de Antioquia consideró que existen indicios suficientes de que la norma podría afectar derechos colectivos relacionados con el acceso al servicio de salud, la libre elección de los usuarios y la libre competencia dentro del sistema de aseguramiento. La decisión fue adoptada mediante una medida cautelar dentro de una acción popular que cuestiona el nuevo modelo de aseguramiento con enfoque territorial y poblacional.
La providencia advirtió que la reorganización podría afectar la estructura competitiva del sistema. Según el análisis judicial, varias aseguradoras perderían autorización para operar en numerosos municipios, lo que reduciría drásticamente su base de afiliados y podría generar tensiones financieras que incluso pondrían en riesgo su viabilidad.
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Así mismo, el tribunal manifestó preocupación por la capacidad de la Nueva EPS para asumir un aumento masivo de afiliados. La decisión recuerda que esta entidad se encuentra bajo intervención de la Superintendencia de Salud desde abril de 2024 por problemas financieros y fallas en la prestación del servicio, lo que genera dudas sobre su capacidad real para absorber la población que sería trasladada.
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