Tras ordenar la conducción de la senadora para asegurar su asistencia a la indagatoria, Peralta firmó un compromiso dentro de la investigación que se adelanta por su presunta participación en el entramado de corrupción de la UNGRD.
Luego de que la senadora Martha Peralta estuviera recluida de forma transitoria desde el pasado jueves, y durante todo el fin de semana, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le puso a firmar un compromiso para que no vuelva a esquivar las audiencias.
La senadora quedó en libertad luego de dar su testimonio, en el marco de una investigación que adelanta en su contra por tráfico de influencias y cohecho impropio. De acuerdo con las investigaciones, su rol habría sido el de asegurar votos en el Congreso a favor de las reformas sociales del gobierno Petro a cambio de contratos en el esquema de corrupción de la Ungrd.
El documento, firmado el 22 de junio de 2026 ante la magistrada Cristina Lombana, establece una serie de obligaciones para garantizar la comparecencia de la congresista durante el proceso. Entre ellas, asistir a las citaciones de la Corte, informar cualquier cambio de residencia, mantener actualizados sus datos de contacto y abstenerse de realizar conductas que puedan obstaculizar la investigación.
Y es que Peralta ya había pedido aplazar la diligencia de indagatoria en dos oportunidades. Por eso fue que la magistrada Cristina Lombana ordenó su conducción el jueves, para garantizar su comparecencia.
Además, la Corte le advirtió que el incumplimiento de estos compromisos podría dar lugar a medidas para asegurar su presencia en las diligencias judiciales, incluida su conducción por parte de autoridades de policía judicial.
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La diligencia fue suscrita por la senadora, su defensa, representantes del Ministerio Público y de la parte civil.
Luego de ser conducida a hasta la sede de la Sala de Instrucción, en el norte de Bogotá, la senadora habría hecho una solicitud de hábeas corpus para poder quedar en libertad el fin de semana. Al considerar que intentó acudir directamente a la jurisdicción constitucional sin utilizar antes los mecanismos previstos dentro del proceso penal, la magistrada Lombana le cerró esa posibilidad.
Según Lombana, el hábeas corpus no puede emplearse para reemplazar las actuaciones que la defensa puede promover dentro del expediente. Por ello, concluyó que el recurso era improcedente al no haberse agotado previamente las vías ordinarias de controvertir la medida.
La senadora está investigada por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
De acuerdo con la investigación, el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habría encomendado a Olmedo López la tarea de respaldar la reforma pensional mediante la entrega de contratos a congresistas con el propósito de consolidar apoyos en la Comisión Séptima del Senado.
El expediente señala que, durante una reunión realizada el 13 de junio de 2023, López y la congresista habrían presuntamente acordado impulsar proyectos desde la UNGRD para favorecer a miembros de esa comisión. La Corte también indaga si Peralta habría servido de enlace para atender solicitudes de congresistas de la coalición de Gobierno inconformes con la participación que tenían en la administración, a través de la asignación de contratos y espacios burocráticos.
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Además, dentro del proceso se menciona que la senadora habría solicitado la contratación de 23 personas mediante órdenes de prestación de servicios y promovido la vinculación de personas cercanas a su estructura política en Maicao, La Guajira. La congresista fue reelegida al Senado con más de 61.000 votos, esta vez por la circunscripción indígena.
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