La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias “Pipe Tuluá”, quien es solicitado por una corte del estado de Texas, en Estados Unidos, por los delitos de tráfico de drogas y concierto para delinquir.
Según la acusación, “Pipe Tuluá”, líder de la organización criminal “La Inmaculada”, enviaba grandes cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Centro y Norteamérica. La Corte explicó que, aunque parte de las operaciones se realizaban en territorio colombiano, los delitos también se concretaron en Estados Unidos, donde la droga era distribuida. Por eso, se consideró que el crimen tiene carácter transnacional y cumple con el principio de territorialidad compartida.
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Para evitar su extradición, la defensa de Marín Silva alegó que ya había sido condenado en Colombia por otros delitos, como extorsión y homicidio. Sin embargo, la Corte descartó que se tratara de los mismos hechos. La corporación explicó que esas condenas correspondían a crímenes cometidos entre 2011 y 2017, mientras que los cargos en Estados Unidos se refieren a actividades de narcotráfico desde febrero de 2024.
El abogado también pidió que se verificara si Marín Silva hacía parte de una mesa de paz o de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La Corte negó ese argumento, aclarando que los delitos atribuidos ocurrieron después del 1 de diciembre de 2016, fecha límite para que la JEP tenga competencia. Además, recordó que pertenecer a un supuesto proceso de paz no otorga inmunidad judicial.
‘Pipe Tuluá’ es señalado como uno de los cabecillas responsables de los recientes ataques contra funcionarios del INPEC, hechos que en las últimas semanas dejaron varios guardianes muertos y heridos en distintas ciudades del país. En Colombia ya pesa sobre él una condena, y las autoridades le atribuyen un prontuario que incluye al menos 39 homicidios.
Semanas atrás, el narcotraficante había enviado una carta a varios altos funcionarios del Gobierno en la que ofrecía su disposición para mediar y contribuir a la disminución de la violencia en el sistema penitenciario.
En la comunicación, dirigida a los ministros de Justicia y del Interior; al director de Inteligencia, Jorge Lemus; y al alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, el sujeto decía que era “plenamente consciente de la actual situación de grave preocupación nacional generada por los recientes y lamentables hechos de violencia que han cobrado la vida de miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del Inpec”.
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En el documento, Marín manifestó que estar dispuesto a “gestionar de manera inmediata mi influencia y capacidad de interlocución para que cese de forma definitiva cualquier acción violenta o hecho delictivo que pueda afectar la vida e integridad de los funcionarios del Estado”.
En otro aparte, solicitaba al Gobierno que su carta fuera interpretada como una muestra de su voluntad de participar en una eventual salida negociada. “Solicito al Gobierno Nacional que interprete esta misiva como una prueba fehaciente de mi deseo de pasar la página de la violencia y encontrar, a través de la negociación, una salida política y humana al conflicto”.
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