Un terreno de más de 900 hectáreas, ubicado en el departamento de Sucre, a 20 minutos de Sincelejo, quedó bajo la lupa de la Contraloría, tras detectarse hallazgos fiscales por $16.382 millones en el proceso de compra.
Se trata de la “Hacienda Simba”, un inmueble por el cual la Agencia Nacional de Tierras (ANT) firmó en abril de 2024 una promesa de compraventa con la Sociedad de Activos Especiales (SAE), pactada en $27.304 millones.
Si bien aunque la ANT giró un anticipo equivalente al 60 % del valor del negocio hace más de 18 meses, el predio aún no ha sido escriturado ni transferido legalmente a nombre de la entidad.
Este terreno de más de 900 hectáreas, que en el pasado estuvo en manos de estructuras paramilitares, fue destinado a comunidades indígenas y asociaciones campesinas, en medio de la política de Paz Total del Gobierno Petro.
La Contraloría aseguró que “el procedimiento de compra no se ajustó al marco normativo aplicable, al omitirse etapas esenciales de validación técnica, jurídica y social”. También, en su informe, alertó que esta situación representa un riesgo inminente de pérdida de recursos públicos, ya que la ANT no puede registrar el predio como activo ni incorporarlo al patrimonio público.
Por lo que, “la entidad mantiene recursos ejecutados sin el suficiente respaldo jurídico ni contable, lo que compromete la transparencia, la legalidad y la fiabilidad del proceso de compra”.
El destinatario del predio
Otro de los hallazgos importantes tiene que ver con la modificación de a quienes se les iba a adjudicar el predio. Aunque la adquisición fue concebida inicialmente para beneficiar a campesinos, la ANT realizó una entrega provisional de cerca del 60 % del terreno a comunidades indígenas, sin que existiera un acto administrativo que respaldara ese cambio ni un ajuste presupuestal que lo justificara.
Según la Contraloría, esta decisión implicó el uso de un rubro presupuestal específico destinado a población campesina para un fin distinto, lo que podría constituir una desviación de la finalidad del gasto público.
“Este cambio de destinatarios finales implicó el uso de un rubro presupuestal específico destinado a comunidades campesinas para financiar un proyecto con un propósito distinto, lo que podría configurar una desviación de la finalidad del gasto público”, se lee en el comunicado de la entidad.
Asimismo, se estableció que la entrega provisional no reemplaza el cumplimiento de los requisitos formales ni garantiza la incorporación del predio al Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, único autorizado para administrar y contabilizar estos bienes.
Dos hallazgos en un mes
Este no es el único caso en este mes. A inicios de diciembre, la Contraloría también encontró irregularidades en el proyecto “Caminos Comunitarios de la Paz Total” por más de mil millones de pesos, y detectó que de los 33.000 kilómetros de vías rurales que se planearon intervenir, solo se han ejecutado hasta el momento 117,2 kilómetros, un 0,36% de la meta propuesta.
La revisión, adelantada por la Contraloría, analizó la ejecución de 192 convenios interadministrativos suscritos entre Invías y las Juntas de Acción Comunal (JAC) en siete departamentos del país: Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cauca, Córdoba, Cundinamarca y Nariño. Luego de la auditoria, la entidad encontró un resultado alarmante: 48 hallazgos con connotación fiscal.
A esto se suma que, de los $8 billones estimados inicialmente para el programa, y de los $4 billones previstos específicamente para 2023 y 2024, solo se asignaron $660.000 millones, es decir, el 16,4% de los recursos programados inicialmente.
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