Con una recompensa de hasta $50 millones de pesos, el Gobierno Nacional lanzó una estrategia para combatir los delitos electorales en los próximos comicios legislativos y presidenciales.
La decisión fue tomada en un Consejo de Seguridad y Paz, indicó este miércoles el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. “El Gobierno Nacional ratificó como uno de sus objetivos prioritarios combatir la compra de votos y demás delitos electorales”, expresó en la red social X.
Entre los delitos a perseguir, más allá de la compra de votos, están el constreñimiento al votante (mediante amenazas y violencia), la suplantación, el fraude, el voto ilegal y en general la corrupción electoral, que abunda en algunos territorios del país.
Las denuncias serán tomadas en la Línea 157 Anticorrupción, la misma en la cual se han recibido unas 30.000 llamadas en el último año, de las cuales 143 han contribuido a la judicialización de casos, según la Policía. También se puede escribir al correo dijin.arian-157@policia.gov.co.
“El silencio es cómplice de la corrupción. No nos quedemos callados; defendamos la democracia y protejamos lo que nos pertenece”, reiteró Sánchez.
Según un informe reciente de la Misión de Observación Electoral (MOE), 103 de los 168 municipios que conforman las curules de paz (61,3%) están en riesgo por la confluencia de factores de violencia y posible fraude. Estos poblados se supone que deberían tener una protección especial por mandato legal, debido a su alto número de víctimas.
Los sectores más críticos están en el departamento de Cauca, el sur de Meta y el Bajo Cauca antioqueño, de acuerdo con Diego Alejandro Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE.
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