El Cauca se mantiene como uno de los departamentos más afectados por la violencia en Colombia durante 2026, según el más reciente balance de Indepaz al indicar que de las 69 masacres documentadas este año, 11 han ocurrido en esa región.
De acuerdo con ese reporte, esa región entonces concentra el 15,9 % del total nacional.
Los hechos registrados en el departamento dejan hasta ahora 58 personas asesinadas, una cifra que vuelve a poner la atención sobre la crisis de seguridad que atraviesan varios municipios del norte del Cauca, donde persisten las disputas entre estructuras armadas ilegales.
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El caso más reciente ocurrió en Corinto. El 4 de julio, en la vereda El Barranco, zona rural del municipio, fueron hallados los cuerpos de tres comerciantes que habían sido reportados como secuestrados previamente.
De acuerdo con la información conocida por Indepaz, las víctimas presentaban signos de tortura.
Las personas asesinadas fueron identificadas como Jhon Pedro Rodríguez, de 38 años; Rodrigo Rodríguez, de 40 años; y Jhon Bastos, de 35 años.
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Los tres eran oriundos del departamento del Huila y se encontraban desarrollando actividades comerciales en la zona cuando ocurrieron los hechos.
Con este nuevo caso, el registro nacional de Indepaz llegó a 69 masacres durante 2026, con un saldo de 364 víctimas en diferentes regiones del país.
Dentro de ese panorama, el Cauca aparece como el departamento con mayor número de eventos reportados durante el año.
La situación mantiene una tendencia preocupante para la región, que en años anteriores también ha ocupado los primeros lugares en los registros de violencia colectiva elaborados por organizaciones defensoras de derechos humanos.
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Municipios como Corinto y otros territorios del norte del departamento han sido escenario de enfrentamientos y disputas por el control territorial entre grupos armados.
Frente al contexto de riesgo en Corinto, la Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana 019 de 2024, en la que advertía sobre posibles afectaciones a la población civil debido a la confrontación entre estructuras armadas como la disidencia Dagoberto Ramos y el Frente 57 “Yair Bermúdez”.
Un panorama no tan alentador para el Cauca
El Cauca atraviesa una crisis de seguridad marcada por la persistencia y expansión de grupos armados ilegales, pese a los distintos enfoques aplicados en la última década.
Así lo concluye Indepaz, que ha dicho que por ejemplo en abril pasado se registró una nueva fuerte escalada de violencia. Entre el 24 y el 30 de ese mes ocurrieron 24 acciones violentas y terroristas en municipios del Cauca, con ataques mediante drones contra instalaciones militares, explosivos en vías, vehículos cargados con bombas y una ofensiva que dejó 22 personas muertas y 37 heridas.
Los hechos fueron atribuidos al Bloque Occidental del Estado Mayor Central (EMC), con una acción armada del Frente Jaime Martínez, que ha ampliado su presencia en el norte y centro del departamento y mantiene disputas territoriales con estructuras como el Frente Dagoberto Ramos en zonas indígenas del nororiente caucano.
La ofensiva armada refleja, según Indepaz, una intención de mostrar capacidad de presión política y control territorial.
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El Cauca se ha convertido en un escenario estratégico por su ubicación, sus corredores hacia el Pacífico y la presencia de economías ilegales asociadas al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y los cultivos de marihuana. Los diferentes modelos de seguridad no han logrado modificar de manera sustancial la situación.
Tras el acuerdo de paz de 2016 quedaron pendientes demandas sociales y económicas de comunidades rurales, especialmente en zonas cocaleras, lo que facilitó la expansión de grupos armados y redes ilegales.
Posteriormente, la estrategia de confrontación militar impulsada durante el gobierno Duque, con operaciones de alto impacto contra estructuras como Jaime Martínez, Dagoberto Ramos y el ELN, tampoco consiguió frenar su crecimiento ni el fortalecimiento de sus economías.
Durante el gobierno Petro se intentó una salida negociada con los grupos disidentes de las antiguas FARC. El proceso con el EMC entró en crisis por incumplimientos y terminó fracturándose en 2024, dejando por fuera al Bloque Occidental y a los sectores cercanos a Iván Mordisco.
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Tras esa ruptura, el Gobierno intensificó la ofensiva militar en el Cauca, especialmente en el Cañón del Micay.
A pesar del despliegue de miles de integrantes de la Fuerza Pública, bombardeos, capturas, incautaciones y operaciones contra las estructuras armadas, la capacidad de control territorial ilegal no ha sido revertida.
Las áreas de cultivo de coca, producción de cocaína y rutas hacia el Pacífico mantienen su importancia estratégica, con disputas entre estructuras armadas en regiones como el Micay, el norte del Cauca y zonas limítrofes con Nariño.
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