Este jueves la Procuraduría General anunció que formuló pliego de cargos contra ocho funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) por presuntas irregularidades ocurridas en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá – La Picota.
De acuerdo con el ente de control, los hechos se habrían presentado entre el 19 y el 26 de septiembre de 2022 en el pabellón de alta seguridad de extraditables, en el marco de la celebración del día de la Virgen de las Mercedes (patrona de las personas privadas de la libertad).
Durante esas fechas, presuntamente se realizaron conciertos sin autorización con reconocidos cantantes vallenatos.
En su momento, investigaciones de medios como la revista Semana y la filtración de videos grabados por los propios reclusos dejaron en evidencia una celebración descontrolada de varios días que incluyó botellas de licor importado, mesas de apuestas y la presentación en vivo de reconocidos artistas de la música vallenata como Ana del Castillo, el ‘Mono’ Zabaleta y ‘Churo’ Díaz ante capos del narcotráfico solicitados en extradición.
¿Quiénes son los funcionarios involucrados?
Entre los implicados se encuentra Carlos Hernán Camacho, quien para la fecha de los hechos se desempeñaba como director encargado del establecimiento.
Asimismo, la medida afecta al capitán de prisiones Luis Francisco Gómez Benítez y a un grupo de seis dragoneantes identificados como Blademir Sambony Suárez, Luis Francisco Ortegón Ortegón, Oscar Jiménez Idárraga, Diego Alejandro Segura Fandiño, Jonathan Suárez Cortés y Ediuth Alexander González.
Según se establece en el comunicado de la Procuraduría, “los disciplinados habrían permitido el ingreso de elementos prohibidos al pabellón de alta seguridad como bebidas alcohólicas, cigarrillos, equipos de sonido y de comunicación, dinero en efectivo, sustancias alucinógenas, la realización de conciertos y de juegos de azar dentro del establecimiento penitenciario”.
Según el Ministerio Público, estos hechos “podrían constituir una grave vulneración de los protocolos de seguridad y del reglamento del régimen penitenciario”, sobre todo al haberse presentado en un pabellón de alta seguridad que exige controles rigurosos.
Incumplieron “deberes funcionales”
El ente de control señaló que los funcionarios habrían desconocido sus responsabilidades y las disposiciones vigentes sobre el manejo de objetos autorizados y restringidos dentro de los establecimientos carcelarios, conforme a lo establecido en la normativa disciplinaria y los reglamentos internos del sistema.
Asimismo, la entidad resaltó que la supervisión del sistema penitenciario resulta esencial para asegurar el respeto por la ley, preservar la seguridad institucional y mantener la confianza de la ciudadanía en las entidades del Estado.
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