El asunto ya está en manos de la Procuraduría General, que investiga a la Secretaría de Seguridad. El contrato ya registra una ejecución presupuestal del 50 % del total acordado.
La Procuraduría General de la Nación abrió este lunes una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, por posibles irregularidades en un contrato que tiene como objetivo la instalación de 200 cámaras tipo LPR, que permiten la lectura de placas vehiculares, por un valor de $14.339 millones.
De acuerdo con el avance físico reportado, el contrato alcanza el 68,5 % de ejecución; sin embargo, solo se han instalado 50 cámaras, lo que representa el 25 % del componente principal del proyecto. Esto ocurre pese a que ya se ha ejecutado la mitad del presupuesto total.
Entre las razones que motivaron la apertura de la investigación disciplinaria se encuentran fallas técnicas no previstas y una planeación considerada deficiente. El contrato ha tenido tres prórrogas y tres suspensiones sin soportes presupuestales que las respalden, además de controversias contractuales que superan los $2.000 millones.
Otro de los hallazgos que llamó la atención del ente de control fue la sustitución de la interventoría externa inicialmente asignada, que fue reemplazada por una supervisión interna a cargo de la misma Secretaría Distrital de Seguridad, sin el respaldo técnico necesario.
La Procuraduría Primera Distrital de Instrucción ordenó la práctica de pruebas con el fin de determinar si los hechos reportados constituyen faltas disciplinarias y establecer las responsabilidades individuales de los funcionarios implicados.
El órgano de control reiteró que su labor busca garantizar la transparencia en la ejecución de los recursos públicos asignados a proyectos de seguridad, así como prevenir eventuales actos de negligencia o corrupción en su desarrollo.
