A las 9:00 p.m. del 13 de noviembre de 1989 un estruendo alertó a la población del municipio de Armero, en Tolima; el volcán del Nevado del Ruiz estaba haciendo erupción.
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El Estado colombiano no sabe nada de las víctimas de la tragedia de Armero, dice Defensoría del Pueblo
EL COLOMBIANO conoció la totalidad del informe de la Defensoría del Pueblo en el que se analiza el manejo de la tragedia: antes, durante y después. En él, la entidad señala que el Estado ha sido ausente.
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La tragedia dejó, aproximadamente, 22.000 muertos. FOTO: ARCHIVO EL COLOMBIANO
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En minutos, los flujos piroclásticos del volcán habían derretido la nieve, creando así una avalancha de lodo, escombros, piedras y troncos que empezó a descender desde el cráter Arenas.
Todo empeoró cuando aquella mezcla de materiales llegó al Río Lagunilla y se mezcló con la corriente, haciendo que aquella fatal mezcla de elementos naturales empezara a correr a toda velocidad —17 metros por segundo— extendiéndose por kilómetros hasta llegar a aquella pequeña comunidad reconocida por la producción de algodón. Mientras tanto, del cielo caía ceniza.
A los 20 minutos de la erupción, el pueblo estaba totalmente enterrado. El silencio de aquel momento fue utilizado para recordar que, a pesar de las advertencias de expertos, las autoridades estatales ignoraron por completo las alertas que emitió el volcán por un año: “no hay de qué preocuparse”, decían.
El desastre natural dejó aproximadamente 22.000 muertos y 5.000 heridos; además de cientos de desaparecidos. Se habla de un aproximado porque, tal y como lo identificó el último informe de la Defensoría del Pueblo, el Estado colombiano desconoce detalles cruciales de las consecuencias del desastre.
Este es el balance de una tragedia que no solo fue anunciada e ignorada, sino que tras 40 años sigue sin ser atendida.
El desconocimiento de la tragedia de Armero por parte del Estado colombiano
En Colombia estamos acostumbrados a hablar de la importancia de la verdad y la reparación. En aquel camino, también nos hemos hecho conscientes del significado de revictimización: la reviviscencia de una experiencia traumática que sigue sin obtener respuestas ni ser atendida a nivel social, psicológico, económico y político.
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Aquella es la situación que viven las víctimas del desastre natural ocurrido en Armero, según el último informe de la Defensoría del Pueblo: “El Estado desconoce el número, identidad y ubicación de los sobrevivientes a la tragedia, así como la población afectada”.
Para el organismo de control, los puntos más críticos de desconocimiento son: la falta de información sobre los niños perdidos en Armero; los detalles sobre el saneamiento predial; la definición jurídica de la propiedad en el polígono del desastre y la titularidad, formalización y seguridad jurídica de las viviendas entregadas a los sobrevivientes en diversas partes del país.
”A cuatro décadas del evento, persisten algunos impactos sociales, económicos y culturales en los sobrevivientes, junto con vacíos normativos, debilidades institucionales y falencias en la política pública, que evidencian la necesidad de respuestas sostenidas y articuladas para la garantía efectiva de derechos y para que cese la afectación de las personas y comunidades que sobrevivieron al suceso”, dice el documento conocido por EL COLOMBIANO.
Y es que, de las —aproximadamente— 22.000 víctimas, se cree que el 22% fueron menores de edad.
¿Qué pasó con los niños desaparecidos de Armero?
En 2014, EL COLOMBIANO conversó con Hilda Pedroza, una de las madres que sigue buscando a sus familiares perdidos en la tragedia.
En su relato, Pedroza recuerda el estruendo, recuerda que tomó la mano de su hijo Ricardo Andrés Cárdenas y que intentaron subirse al techo de una de las casas. Aquello fue una pelea perdida en contra de la veloz avalancha, que los separó. Nunca más supo de Ricardo: no hubo cuerpo, pero tampoco volvió él.
Según diversos testimonios, el día de la tragedia observaron cómo varias personas que llegaban a ayudar tomaban a niños de la mano y se los llevaban, sin más.
Organizaciones como Armando Armero se han ocupado de luchar contra las aproximaciones y buscar los datos reales. Según sus informes, alrededor de 580 menores de edad desaparecieron tras la avalancha. Con el paso del tiempo han encontrado pruebas de supervivencia de 150 de ellos.
Sin embargo, el camino por recorrer aún es largo, y el tiempo se agota para cientos de familias que no pierden la esperanza de encontrar a sus niños, ahora convertidos en adultos.
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Al respecto, la Defensoría aseguró: “Es imperativo impulsar el programa de búsqueda, identificación y reunificación familiar de los niños y las niñas perdidas de Armero”, resaltando que debería hacerse el uso de herramientas como la prueba de ADN, la actualización de registros civiles y la consolidación de una base de datos genética y documental que permita establecer vínculos biológicos y jurídicos.
“No sobra registrar que esta actividad viene siendo asumida por la Fundación Armando Armero, limitada por los escasos recursos económicos de esta organización y con bajo apoyo gubernamental”, agregó el informe de la entidad.
Mientras tanto, búsquedas familiares han logrado reunir a algunas familias. El rastro era largo: decenas de niños víctimas de Armero fueron encontrados años después en Europa y en diferentes departamentos de Colombia.
El predio del desastre y la asignación de viviendas
Actualmente, lo que solía ser Amero es solo un terreno baldío con homenajes, fotos, tumbas, peluches, flores y velas. Después del desastre, la Alcaldía del municipio emitió un seco comunicado en el que estableció: “Por ordenanza, el 13 de noviembre de 1986, se fija a Guayabal como cabecera del municipio de Armero”.
Así, los pocos sobrevivientes se trasladaron a 107 kilómetros de donde ocurrió la tragedia. Un recorrido de poco más de dos horas.
Sin embargo, para 2025, la Defensoría aseguró que no se tiene conocimiento exacto de dónde se asentaron las víctimas ni de cuáles son las condiciones de las viviendas que hoy habitan.
“Se recomienda la realización de un censo oficial, por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) bajo los parámetros establecidos por la UNGRD, con el apoyo de las autoridades territoriales de los municipios y departamentos receptores de población sobreviviente”, concluyó la entidad.
Además, se señaló que las víctimas de la tragedia deberían ser priorizadas en programas de viviendas de interés social y de asignación de tierras, con el fin de garantizar condiciones de estabilidad habitacional y seguridad jurídica.
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