Durante siete meses, la representante encargada de investigar al presidente Gustavo Petro sostuvo reuniones privadas con Alejandro Carranza, defensor del presidente, intercambió mensajes con él e, incluso, le entregó un documento reservado del proceso que adelantaba en la Comisión de Acusaciones. Todo permaneció en silencio hasta que la congresista firmó el auto con el que intentó suspender al jefe de Estado. Solo entonces el Gobierno denunció lo que, según hoy reconocen sus propios funcionarios, llevaba meses ocurriendo.
Lo que comenzó como una denuncia penal contra la exrepresentante a la Cámara Gloria Arizabaleta terminó destapando otro posible escándalo para el gobierno saliente.
El posible entramado quedó detallado en el documento con el que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió investigación formal contra la excongresista del Pacto Histórico Gloria Arizabaleta. Dentro del expediente quedaron las declaraciones entregadas por el abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza; el ministro de Hacienda, Germán Ávila; y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Nhora Mondragón.
Esas declaraciones reconstruyen una cadena de encuentros reservados, conversaciones privadas y presuntas solicitudes irregulares ocurridas entre octubre de 2025 y junio de 2026, mientras la congresista tenía bajo su responsabilidad la investigación por la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de 2022.
De acuerdo con esos testimonios, el primer acercamiento ocurrió entre octubre y noviembre de 2025. Carranza y Arizabaleta acordaron almorzar en un restaurante de Chapinero, en Bogotá, que contaba con salones privados. Según declaró el abogado, fue allí donde la representante le planteó que actuara como enlace con el Gobierno Nacional y facilitara un acercamiento político.
Ante la Corte, Carranza aseguró que la congresista le habló de realizar “gestión política” alrededor de los procesos que cursaban contra el presidente Petro en la Comisión de Acusaciones y que el propósito era cerrarlos antes de que cambiara el Gobierno.
A pesar de la gravedad de esa afirmación, el abogado no acudió a las autoridades. Tampoco dejó constancia pública de lo sucedido ni rompió cualquier canal de comunicación con quien tenía la misión constitucional de investigar a su cliente.
La relación continuó. El 27 de enero de 2026 ambos volvieron a encontrarse, esta vez en la residencia de Arizabaleta, ubicada en un condominio sobre la vía Bogotá-La Calera. Fue un desayuno que se prolongó durante más de tres horas. Ante la Corte Suprema, Carranza sostuvo que la representante insistió en que él debía servir como puente para acercarla al Gobierno Nacional. Nuevamente, escuchó una propuesta que consideró irregular, pero tampoco la denunció.
Mientras esos encuentros se desarrollaban, la congresista también sostenía reuniones con altos funcionarios del Gobierno. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, y la directora del DAPRE, Nhora Mondragón, reconocieron ante la Corte que compartieron espacios privados con Arizabaleta, incluso dentro de la Casa de Nariño. Ambos afirmaron que durante esas conversaciones la representante solicitó el nombramiento de una alta funcionaria en la Fiduprevisora. Pese a considerar improcedentes esas peticiones, ninguno de los dos presentó una denuncia en ese momento.
“La representante pretendía eran millones y buscaba un acuerdo corrupto a cambio de votos favorables en la Comisión de Acusaciones”, dijo el ministro ante la Corte.
“En la presente actuación obran elementos que permitirían inferir que Gloria Elena Arizabaleta Corral, en primer lugar, habría realizado solicitudes o exigencias al ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, y al presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego; en este último caso, de manera indirecta a través de su abogado, Pedro Alejandro Carranza Cepeda. En ambas situaciones, las solicitudes o exigencias presentadas por la aforada tendrían un vínculo con la adopción de decisiones y el curso de actuaciones contra el presidente de la República en el seno de la Comisión de Investigación y Acusaciones”, se lee en el auto revelado por El Tiempo.
La investigación también revela que durante esos meses existió un canal de comunicación directo entre Arizabaleta y Carranza mediante mensajes de chat. Según el material, la representante llegó a remitirle un documento interno de la Comisión de Acusaciones relacionado con el proceso que ella misma adelantaba contra el presidente Petro, información que terminó en poder del abogado de quien estaba siendo investigado.
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