El Gobierno del presidente Abelardo de La Espriella confirmó, oficialmente, el traslado de 117 personas privadas de la libertad consideradas de “alto perfil” y vinculadas a “procesos de negociación de paz”.
Esta operación comenzó horas antes de la posesión este 7 de agosto de De la Espriella y marca una de las primeras decisiones de la nueva administración en materia de seguridad y control penitenciario.
La medida fue ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por instrucción directa del jefe de Estado, según informó la Oficina de Prensa de la Presidencia.
De acuerdo con el Gobierno, “los internos fueron trasladados a establecimientos penitenciarios de alta seguridad ubicados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne”.
La administración de De la Espriella aseguró que esto busca reforzar el control sobre las cárceles e impedir que estructuras criminales continúen utilizando los centros penitenciarios para mantener o coordinar actividades delictivas.
En contexto: Alias ‘Douglas’ y ‘Carlos Pesebre’, entre los trasladados de la cárcel de Itagüí
De La Espriella busca recuperar el control de las cárceles
En el comunicado, el Gobierno señaló que esta decisión hace parte de las primeras acciones para “recuperar el control permanente de las cárceles”, garantizar el cumplimiento de la ley y hacer efectivas las órdenes judiciales.
La Presidencia también lanzó una advertencia a las organizaciones criminales que operan desde los centros penitenciarios.
“Quienes pretendan utilizar las cárceles como centros de operaciones criminales estarán sometidos a todo el peso de la ley”, señaló el Ejecutivo.
La decisión representa, además, un cambio frente al modelo aplicado durante el gobierno de Gustavo Petro, particularmente frente a la política de ‘paz total’ y los procesos de diálogo sociojurídico adelantados con diferentes estructuras criminales.
103 cabecillas fueron sacados de la cárcel de Itagüí
Uno de los principales movimientos se produjo en la cárcel La Paz de Itagüí, donde permanecían recluidos varios de los principales cabecillas de organizaciones criminales del Valle de Aburrá que participaron en la denominada mesa de paz urbana.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó el traslado de 103 cabecillas que estaban recluidos en ese establecimiento y señaló que entre ellos se encuentran algunos de los jefes criminales más importantes de la región.
La operación fue acompañada por un amplio despliegue del Inpec en los alrededores de la prisión. La movilización de vehículos del instituto penitenciario se produjo mientras en Cali avanzaban los actos de posesión del nuevo presidente.
Fuentes cercanas a los internos habían señalado que desde la noche anterior algunos de los presos fueron advertidos de que debían prepararse para su traslado.
Entre los nombres mencionados están alias ‘Carlos Pesebre’, ‘Douglas’ y ‘El Indio’, quienes, de acuerdo con la información entregada por Rendón, hacen parte del grupo trasladado.
También trascendió que entre los reclusos reubicados estaría el exparamilitar Hernán Giraldo.
‘Douglas’, uno de los nombres de mayor peso
Uno de los casos que concentra mayor atención es el de José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’, señalado como uno de los principales cabecillas de la banda La Terraza y antiguo integrante de la Oficina de Envigado.
‘Douglas’ fue uno de los nombres asociados a las conversaciones de paz urbana que se desarrollaron durante el gobierno Petro y que buscaban avanzar en un proceso de sometimiento y desarticulación de estructuras criminales en Medellín y el Valle de Aburrá.
Otros integrantes de esas estructuras, como alias ‘Tom’, ‘Vallejo’, ‘El Compa’, ‘Grande Pa’, ‘Lindolfo’ y ‘Juan 23’, también aparecen entre los nombres relacionados con las organizaciones que participaron en los acercamientos, aunque al cierre de la información no estaba confirmado el traslado de todos ellos.
Gobierno anuncia cambio frente a la ‘paz total’
El traslado de los internos se produce en paralelo con los primeros anuncios de seguridad de De La Espriella, quien desde el cantón militar Pichincha impartió instrucciones a las Fuerzas Militares y a la Policía para intensificar la ofensiva contra las estructuras criminales.
El mandatario también anunció que su Gobierno prepara un listado de grupos ilegales que permita a la Fuerza Pública definir con mayor precisión las organizaciones que serán objeto de operaciones.
“En las próximas horas mi gobierno expedirá el listado de grupos narcoterroristas con el propósito de dotar a nuestra gloriosa Fuerza Pública de instrumentos para el combate frontal del crimen”, afirmó.
De La Espriella sostuvo, además, que la estrategia de diálogo con las organizaciones criminales llegó a su fin y que su administración privilegiará el sometimiento a la justicia.
“Los integrantes de las bandas criminales y del narcoterrorismo tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano y su Fuerza Pública”, señaló.
La nueva política podría implicar una mayor intensidad de las operaciones militares contra estructuras armadas, campamentos, corredores de movilidad y zonas de influencia, siempre bajo los criterios establecidos por la legislación colombiana y el derecho internacional humanitario.
Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.
Regístrate al newsletter