Armando Benedetti ha gozado durante años de una suerte de inmunidad moral y judicial frente a sus actos de violencia verbal, en especial contra mujeres. Nadie le ha pasado la cuenta por un historial que crece con cada nuevo exabrupto. Sin consecuencias, ha despachado insultos, burlas y agresiones públicas. Pero esta vez, su estilo explosivo y su discurso machista chocan con un escenario distinto en el que la justicia y los órganos de control lo tienen en la mira y podrían actuar.
Los antecedentes de sanciones a otros funcionarios por expresiones similares, incluso menos graves, dejan claro que el ministro del Interior podría no salir bien librado. Su más reciente arremetida contra la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, a quien tildó de “loca, demente y delincuente”, podría ser el episodio que rompa el patrón de impunidad que lo ha acompañado durante años. Porque aunque Benedetti ha hecho de la provocación su marca personal, el lenguaje agresivo desde el poder ya ha tenido castigos ejemplares en Colombia.
El episodio contra la magistrada, amparado en su habitual desparpajo, podría acarrearle una sanción disciplinaria grave o incluso una suspensión del cargo, de acuerdo con las normas vigentes.
El Código Disciplinario Único establece que todo servidor público debe tratar con respeto a las personas con las que se relacione por razón de su cargo, y prohíbe expresamente las expresiones injuriosas, violentas o humillantes.
Puntualmente el numeral 6 del artículo 34 impone al funcionario público un deber de buen trato manifestado en el respeto, la imparcialidad y la rectitud, ya que estas son exigencias constitucionales fundamentales para el correcto funcionamiento de la administración pública, reza el documento.
Esta no sería la primera vez que la Procuraduría recibe una queja o una demanda contra un funcionario público por sus declaraciones ofensivas o irrespetuosas. El país ha visto varios casos en los que el Ministerio Público ha actuado con firmeza, imponiendo sanciones ejemplares sin titubeos, tal como lo ordena el Código Disciplinario Único, que exige respeto, rectitud y moderación en el ejercicio de la función pública.
Uno de los antecedentes más recordados es del exministro Fernando Londoño Hoyos, quien fue inhabilitado por 12 años por llamar “corrupto” a un juez. La sanción fue impuesta luego de que el entonces ministro de Estado, durante un foro universitario en Medellín en noviembre de 2002, lanzara duras críticas contra el juez de ejecución de penas de Tunja, Pedro Suárez Vaca, por haber ordenado la libertad de los extraditados jefes del cartel de Cali, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela.
La Procuraduría consideró que Londoño había vulnerado el deber de respeto hacia las autoridades judiciales y que sus palabras constituían una expresión injuriosa e incompatible con la dignidad del cargo que ostentaba. El fallo resaltó que, aunque la libertad de expresión es un derecho protegido, en el caso de un ministro existe un deber reforzado de prudencia y respeto, especialmente cuando se trata de referirse a las decisiones de otros funcionarios públicos.
Otro caso es el del fallecido exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial Rodolfo Hernández, recordado por su temperamento explosivo y su estilo frontal para enfrentar las críticas. En 2018, Hernández protagonizó el llamado “caso del lavaperros”, cuando, en medio de una discusión pública, insultó al veedor ciudadano Fernando Martínez, quien le reclamaba por la tala de árboles en un parque de la ciudad.
Visiblemente molesto, el entonces alcalde respondió con frases ofensivas como: “Usted es un lavaculos de la politiquería, lavaperros de la politiquería y de los ladrones que se robaron Bucaramanga”. En ese caso, la Procuraduría concluyó que Hernández había incurrido en faltas contra el respeto y la dignidad ciudadana, sancionándolo con una multa de 62 millones de pesos. El órgano de control sostuvo que, aunque los funcionarios pueden defender sus decisiones, no pueden hacerlo a costa del buen trato ni del lenguaje ofensivo, especialmente cuando representan a la administración pública.
Con esos precedentes, no sería extraño que el Ministerio Público también abriera una actuación disciplinaria contra Benedetti. Sin embargo, hasta ahora no se ha conocido ningún pronunciamiento oficial del procurador general, Gregorio Eljach, aunque se abrió una indagación preliminar, lo que es un primer paso.
“Ojalá que a la Procuraduría le llegaran cien mil peticiones de ciudadanos indignados pidiéndole al procurador a actuar de manera enérgica en el marco de sus funciones. Si la Procuraduría hiciera eso, el señor Benedetti hoy, antes de terminar el día, estaría suspendido del cargo”, dijo Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia, quien reveló los líos de la mansión de Benedetti en Puerto Colombia.
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