Carmen García lleva toda su vida viviendo en el Catatumbo y nunca había visto algo como lo que pasó en enero del año pasado. Su relato es apenas un trazo de una de las escaladas más violentas que ha vivido el país en el tiempo reciente.
El 19 de enero de 2025, don Ernesto, otro viejo conocido de la región, se servía el primer café cuando el ir y venir de motos despertó su curiosidad. Desde la ventana alcanzó a distinguir camuflados y fusiles y, acostumbrado como quien ha visto demasiado, pensó que se trataba de un enfrentamiento más. No lo fue. Fue el único que, en más de tres décadas, lo desplazó.
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Ese día, el ELN expulsó a sangre y fuego a gran parte de las disidencias de las Farc que controlaban el territorio. Los combates fueron mortales y dejaron un saldo aún sin precisar de combatientes muertos, más de 60.000 personas desplazadas y víctimas civiles. La magnitud de la violencia marcó el episodio como uno de los más graves del conflicto armado colombiano en los últimos años.
Lo ocurrido fue documentado dentro y fuera del país. Casi toda una región quedó vaciada de habitantes luego de que dos grupos armados ilegales convirtieran sus tierras en escenario de guerra. Casas, colegios, estaciones de policía y centros de salud fueron transformados en campos de batalla donde la vida civil quedó atrapada y solo la brutalidad impuso sus reglas.
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Todo esto quedó documentado en el informe Mundial 2025 de Human Rights Watch (HRW). La conclusión era apenas obvia. Según la organización, en 2025 Colombia atravesó una de las peores crisis humanitarias de la última década. Los abusos sistemáticos cometidos por distintos grupos armados profundizaron el deterioro de la situación humanitaria en varias regiones del país, no solo Catatumbo.
“Los abusos cometidos por los grupos armados, el limitado acceso a la justicia y los altos niveles de pobreza, especialmente entre las comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, siguen siendo graves problemas de derechos humanos en Colombia”, se lee en el documento.
Cuando el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos firmó el acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, en regiones históricamente vulnerables como Cauca, Norte de Santander, Arauca, Nariño, Chocó y Antioquia se abrió la esperanza de una vida en paz. Sin embargo, de acuerdo con el documento, esa expectativa no se materializó.
Casi una década después de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, la violencia no solo persiste, sino que ha adoptado nuevas formas. Diversos grupos armados ilegales han ampliado su presencia en amplias zonas del país, disputándose el control territorial y las economías ilícitas.
Luego vino el Gobierno de Gustavo Petro con su política de “paz total”, con las mismas promesas de erradicar la guerra. No obstante, el resultado fue adverso. En el 2025 se dispararon los eventos violentos en el marco del conflicto armado y crecieron los grupos criminales.
Human Rights Watch advierte que en Colombia operan numerosos grupos armados impulsados por economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y la deforestación. Entre ellos figuran el Ejército de Liberación Nacional (ELN); varias disidencias surgidas tras la desmovilización de las FARC, como el Estado Mayor Central (EMC), el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), así como el Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
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