Cuando al candidato del Gobierno, Iván Cepeda, le preguntan por su propuesta para enfrentar el deterioro del orden público en varias regiones del país, su respuesta es evasiva y poco concreta. Plantea revisar lo que está ocurriendo, pese a que el panorama es ya conocido, una escalada de violencia en zonas donde operan grupos armados ilegales.
Ese debate conecta directamente con la política de “paz total”, bandera del Gobierno de Gustavo Petro, de la cual Cepeda ha sido uno de sus principales impulsores. La estrategia no solo no ha producido resultados contundentes tras casi tres años de implementación, sino que ha terminado fortaleciendo a estructuras criminales al otorgarles beneficios mientras avanzan, sin mayores avances, en mesas de diálogo.
En ese contexto, la candidata presidencial Paloma Valencia reveló que durante este gobierno se han suspendido órdenes de captura contra 205 voceros o representantes de distintos grupos armados, como parte de esos procesos de negociación.
A esto se suma que, en el tramo final del mandato, aún permanecen suspendidas 81 órdenes de captura. Entre los beneficiados figuran nombres como “Calarcá”, quien, pese a tener audiencia de imputación por parte de la Fiscalía, continúa cobijado por las medidas adoptadas en el marco de la política de paz del Gobierno.
Las cifras, dadas a conocer por Valencia, muestran a 35 miembros del Estado Mayor Central; 11 miembros de la Segunda Marquetalia; 9 miembros de Comuneros del Sur (ELN); 6 miembros de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada; 3 miembros de las Autodefensas Gaitanistas; 10 miembros de la Segunda Marquetalia y 7 miembros de las estructuras de alto impacto del Valle de Aburrá.
Para la candidata, estas cifras demuestran cómo el gobierno Petro ha favorecido más a los criminales, aumentando gravemente la violencia y el tráfico de drogas en el país.
“Dejaron libres a los principales bandidos para elecciones, justo cuando compite el papá de la Paz Total. Por eso el país está nadando en coca, secuestros y extorsión. El Gobierno no combate a los criminales y les garantiza la libertad con la fracasada Paz Total”, cuestionó.
Estas cifras se suman a la escalada violenta en el suroccidente del país, con atentados en Valle del Cauca y Cauca, además de los hechos criminales que se registran a diario en distintas regiones.
El más reciente balance de Indepaz advierte que, hasta el 3 de mayo, se han contabilizado 50 masacres en lo corrido del año. La más reciente ocurrió en San José de Cúcuta, donde tres personas fueron asesinadas cuando hombres armados abrieron fuego de manera indiscriminada.
“50 masacres en 123 días: una cada 2,5 días. Un ritmo que ya había sido advertido por las comunidades, organizaciones sociales y la Defensoría del Pueblo en sus Alertas Tempranas”, señaló Leonardo Perafán.
Mientras Iván Cepeda defiende la continuidad de la política de “paz total”, otros candidatos presidenciales plantean desmontarla. Argumentan que esta estrategia ha terminado favoreciendo a los grupos armados ilegales, que, según sostienen, han aprovechado los beneficios y ceses al fuego para fortalecerse.
Entérese: Capturan a alias El Mono, implicado en atentado en la vía Panamericana que dejó 20 muertos
Un informe de la Fundación Ideas para la Paz señala que varias estructuras armadas han utilizado los diálogos y las treguas para expandirse en capacidad militar, número de combatientes y control territorial.
De acuerdo con la FIP, estos grupos superan hoy los 27.000 integrantes, entre hombres armados y redes de apoyo, lo que representa un crecimiento del 23,5 % frente a diciembre de 2024.
El Clan del Golfo encabeza ese aumento, con cerca de 2.300 nuevos miembros, seguido por el ELN y el Estado Mayor Central (EMC), las disidencias lideradas por alias Mordisco. En total, más de 5.000 personas se habrían sumado a estas organizaciones ilegales en apenas un año.
Regístrate al newsletter