La OIA advirtió que a raíz de los choques armados cerca del resguardo Tagual La Pó, han aparecido minas antipersona muy cerca de la comunidad. Se teme un desplazamiento.
La Organización Indígena de Antioquia lanzó una alerta pública sobre la grave situación humanitaria que enfrentan varias comunidades indígenas en el departamento, especialmente en el resguardo Tagual La Pó, ubicado en el municipio de Segovia, Nordeste antioqueño.
Según la organización, los cerca de 450 miembros de la etnia embera chamí que viven allí están en un escenario crítico marcado por el confinamiento dado el riesgo que hay en la zona por la presencia de minas antipersonal.
De acuerdo con la denuncia, la presencia y confrontación de actores armados ilegales en la zona –y muy cerca a la vereda Tagual donde queda el resguardo– ha generado restricciones severas a la movilidad de las comunidades.
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A esto se suma la instalación indiscriminada de minas antipersonal y otros artefactos explosivos improvisados, principalmente en las vías de acceso y las zonas altas del territorio, lo que ha incrementado el peligro para la población civil.
Para la OIA, esta situación afecta de manera directa la vida cotidiana de las comunidades indígenas, limitando su acceso a alimentos, servicios de salud y condiciones básicas de subsistencia.
La entidad detalló que niños, mujeres, adultos mayores y autoridades tradicionales se encuentran en constante riesgo, en un contexto que también amenaza la permanencia cultural y física de estos pueblos en sus territorios ancestrales, toda vez que el riesgo de desplazamiento es inminente.
Además, la crisis se extiende a familias campesinas de la zona, que enfrentan los mismos peligros, generando un ambiente generalizado de temor y desplazamiento.
La OIA rechazó de manera contundente el uso de minas antipersonal y cualquier práctica que vulnere los derechos humanos, señalando que estas acciones constituyen graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario al afectar principalmente a la población civil.
Frente a este panorama, la OIA hizo un llamado directo a los actores armados ilegales para que cesen de inmediato la instalación de explosivos y respeten la vida y la autonomía de las comunidades. Asimismo, pidió al Gobierno nacional adoptar medidas urgentes que incluyan atención humanitaria, protección colectiva y procesos de desminado en la zona, con el fin de garantizar condiciones dignas y seguras para quienes habitan estos territorios.
También solicitó la presencia de organismos de control y el acompañamiento de la comunidad internacional, con el objetivo de verificar la situación y prevenir nuevas vulneraciones de derechos.
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