Los jóvenes de 15 años y 18 años murieron cuando realizaban labores de minería artesanal cerca de una concurrida vía.
La Gobernación de Antioquia anunció que ante el asesinato de dos jóvenes en Anorí por cuenta de una mina antipersonal –hecho que constituye una violación al Derecho Internacional Humanitario– se denunciará el hecho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que la comunidad internacional esté vigilante con lo que acontece en el país pero sobre todo en la región en materia de orden público.
El anuncio lo hizo el gobernador Andrés Rendón durante su viaje al municipio de Anorí, donde se reunió con autoridades locales y familiares de los dos jóvenes que murieron luego de la activación de una mina antipersonal sembrada por un grupo armado ilegal en zona rural de este municipio.
Cabe recordar que el pasado miércoles dos jóvenes de 15 y 18 años, murieron pisar un artefacto explosivo mientras trabajaban en una zona rural conocida como Alto del Zapatillo, en la vereda Tacamocho. En este sector donde ya se han presentado varios de estos accidentes y que las autoridades locales han denunciado que tiene gran cantidad de minas antipersonal y otros elementos de ese tipo enterrados.
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De acuerdo con Gustavo Silva, alcalde de Anorí, los dos jóvenes residían en el casco urbano del municipio, pero estaban cumpliendo labores de minería en esa zona (ubicada a unas seis horas de camino), actividad que desarrollaban para ayudar al sustento de sus familias. Hacia el mediodía de este miércoles 4 de junio, pasaron por ahí y pisaron uno de los artefactos que grupos armados ilegales habían escondido bajo la tierra, con lo cual activaron su explosión.
Según el alcalde, uno falleció en el mismo sitio, mientras que el otro estaba vivo cuando llegó una ambulancia y pidieron asistencia para trasladarlo por aire para recibir atención médica, pero el tiempo no les alcanzó y tampoco logró llegar vivo al hospital.
El mandatario local dijo que el accidente ocurrió muy cerca de la carretera veredal por donde transitan los habitantes de por lo menos seis sectores de comunidades campesinas, dos indígenas y una afro (esta última del corregimiento Charcón del Iberia). Todos han visto limitado su derecho a la libre movilidad debido a la presencia de campos minados.
De hecho, ese es el mismo sector donde, en febrero pasado, un campesino de 64 años que estaba cumpliendo labores de campo pisó otro artefacto y sufrió daños graves en las extremidades inferiores, tras lo cual tuvieron que amputarle la pierna izquierda. En ese caso, el hombre alcanzó a ser trasladado a un hospital, donde pudieron salvarle la vida, pero quedó con las secuelas y la discapacidad.
El gobernador Rendón les expresó su solidaridad por lo ocurrido y manifestó el compromiso del Gobierno de Antioquia por mitigar, dentro del alcance de sus competencias, estas situaciones de violencia.
Cabe mencionar que en Anorí, hay enfrentamientos regulares entre estructuras del ELN y las disidencias de las Farc contra el Clan del Golfo. “Los unos, para evitar la persecución de los otros,
se dedican a sembrar explosivos improvisados de manera indiscriminada que resultan afectando a la población civil”,dijo el secretario de Seguridad, Justicia y Paz, general (r) Luis Eduardo Martínez.
Hay que recordar que ante estos hechos y los ataques a la fuerza pública en el departamento, el pasado 5 de mayo, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le solicitó al gobierno nacional que le brindara asistencia militar al departamento. La respuesta, por medio de una carta firmada por un asesor presidencial, llegó casi 20 días después y en ella le indicaron al mandatario que había “tomado debida nota de su solicitud y de los argumentos allí expuestos”. Para el gobernador esta fue una respuesta “vacía”.
Justamente, el Nordeste antioqueño es una de las zonas del departamento para la cual está pidiendo dicha asistencia, pues se requiere fortalecer la capacidad de la fuerza pública ante los difíciles problemas de orden público que allí se viven.
