Hace apenas unos días el ambiente en Amagá era de duelo por el cierre de la mina de carbón San Fernando, la más importante de la localidad y también una de las más emblemáticas del país. Sin embargo, una luz de esperanza se abre ahora para esta población del Suroeste antioqueño.
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El alcalde Wilser Molina informó que la explotación carbonífera continuará activa, aunque bajo otro nombre y con un operador diferente en virtud de un acuerdo logrado con un empresario procedente de Boyacá. De esta manera se recuperarán alrededor de 150 de las 241 plazas laborales que se perdieron con la clausura de la empresa San Fernando.
El 23 de octubre pasado, la Superintendencia de Sociedades notificó de la liquidación judicial de esta firma y el trámite se hizo efectivo el 27 de ese mismo mes cuando se presentó el liquidador que fue designado por la autoridad societaria para empezar a realizar el inventario de los activos con los cuales el propósito principal es honrar las deudas pendientes.
En ese momento también, el agente liquidador informó que las acreencias ascendían a 4.198 millones, aunque existen versiones de que la cifra podría ser mucho mayor, debido a que solo al dueño del terreno donde se desarrolló la explotación mineral le debían varios miles de millones de pesos por el canon de arrendamiento, el cual equivalía, según lo habían pactado con él, al 3 por ciento de las utilidades.
“A muchos de los empleados les quedaron debiendo la última quincena, la prima de mitad de año y la indemnización por el despido, y son 150 mineros a los que les deben las primas y cesantías, pero además tengo amigos mineros a los que les deben de a 500 y 1.000 millones”, le dijo una fuente a EL COLOMBIANO.
La empresa había sido boyante, pero entró en crisis, aparentemente después de la tragedia ocurrida en 2010 en la que fallecieron 73 mineros dentro de los socavones.
“Los dueños no fueron capaces de reponerse de ese golpe, indemnizando a familiares y por haber dejado sin operar la explotación minera por un tiempo largo”, recordó el alcalde Molina.
No obstante, alguna ventaja tuvo el haber sido reconocida como una de las minas subterráneas más tecnificadas y modernas del país, porque cuando se anunció la mala hora que pasaba, fueron varios los interesados que se presentaron para intentar adquirirla.
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Según el mandatario local, la que sería una solución salvadora por lo pronto de carácter transitorio pero que ojalá se convierta en algo definitivo, fue el acuerdo con uno de los principales inversionistas boyacenses de este ramo, cuyo nombre no fue revelado.
El trato consiste en asumirla mediante un contrato de arrendamiento por seis meses, de manera que con los ingresos el liquidador iría pagando parte de las deudas y constituirá una fiducia para responder por las mesadas de 26 pensionados. Vencido ese periodo, se tomaría la decisión de comprar o no la infraestructura.
Así las cosas, la nueva empresa comenzará de cero, con contratos laborales nuevos, pero el proceso va tan acelerado que la reapertura podría ocurrir el martes mismo o algún día de la próxima semana, de acuerdo con el mandatario local. De hecho, ya en los días transcurridos, han ido haciendo el enganche de buena parte del personal.
El alcalde Molina recordó además que la minería del carbón representa el 80 por ciento de la economía local, de ahí que cuando se anunció la desaparición de San Fernando, después de 64 años de existencia, la administración emprendió un plan de choque haciendo contactos con empresarios locales y regionales, con el fin de que absorbieron a los mineros que quedaban cesantes. Igualmente, acudió a las cajas de compensación familiar con el fin de tramitar posibles alivios.
“Eso para nosotros es un motivo de tranquilidad, porque la incertidumbre que estábamos viviendo los amagaseños era mucha al dejar más de 240 personas desempleadas y sobre todo en época navideña. Esperamos que esta noticia sea de gran aliento y no vengan en seis meses a decir (el empresario) que no fue capaz y que cierran la mina, porque sería un golpe mortal para Amaga”, apuntó.
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