“Las mujeres han optado por bajar su perfil, renunciar a sus agendas políticas y a su activismo. Muchas han decidido desaparecer de lo público y quedarse en sus casas”, advirtió Juliet Gómez, directora de la Corporación Colectiva Justicia Mujer. Su voz resume una realidad que es constante en Antioquia, un departamento donde defender derechos, liderar comunidades o alzar la voz puede convertirse en una sentencia de muerte.
Este es el diario vivir de las mujeres lideresas en el departamento: amenazas constantes, control armado, violencia simbólica y digital, persecución territorial y una impunidad que va en aumento año tras año. Las historias de defensoras revelan un patrón de silenciamiento que no solo busca atacar a las lideresas, sino también desarticular los procesos sociales que estas representan.
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La Defensoría del Pueblo advirtió que las disputas armadas en el departamento han generado un grave escenario de inseguridad que limita la movilidad y propicia retaliaciones contra liderazgos de mujeres.
Según la entidad, entre las violencias más recurrentes se encuentran homicidios, feminicidios y tentativas de asesinato; agresiones sexuales dirigidas principalmente contra niñas y adolescentes; violencias basadas en género en espacios comunitarios y políticos; así como prácticas de vigilancia, control social y coerción armada en zonas rurales.
Además, la Defensoría alertó sobre la violencia simbólica y discursiva en zonas urbanas como Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá, orientada a desacreditar agendas feministas, de la población LGBTIQ+ y de derechos humanos, y la persecución territorial contra mujeres que lideran procesos de memoria, búsqueda de personas desaparecidas y acompañamiento a víctimas.
Según datos solicitados por EL COLOMBIANO a la Defensoría del Pueblo, basados en reportes del Instituto de Medicina legal sobre lesiones fatales en Antioquia, “en 2024 se reportaron 1.719 presuntos homicidios de los cuales 110 fueron contra mujeres, es decir el 6,3%. En 68 de los casos contra mujeres se desconoce o no se tiene información del agresor”, indicó la entidad.
La situación en 2025 continuó siendo grave. Según la Policía, hubo 108 homicidios de mujeres, es decir, el 6,5% de los casos.
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Según la Defensoría del Pueblo, en Antioquia existen factores que agravan el riesgo para ciertos tipos de liderazgos. Las más afectadas son las lideresas rurales, en particular en zonas que están bajo control armado; les siguen las lideresas comunales, debido al rol visible que tienen en los procesos comunitarios; después están las lideresas Lgbti+, quienes enfrentan violencias asociadas a su identidad o expresión de género; y finalmente, las lideresas políticas, como candidatas, concejalas y militantes de partidos, que son blanco de violencia política y simbólica por su participación en escenarios públicos.
“Las autoridades están fallando en todo, porque no hay una voluntad política para garantizar una vida libre de violencias. Cuando hay una violencia contra una mujer que ejerce liderazgo no es propiamente contra su persona, sino contra lo que ella representa”, expresó Dora Saldarriaga, profesora y exconcejala de Medellín.
EL COLOMBIANO consultó con la Fiscalía, quienes indicaron que en 2025 se abrieron 354 noticias criminales por homicidios de mujeres en Antioquia. De estos procesos, 288 permanecen en indagación, apenas 19 cuentan con sentencias condenatorias, 10 están en investigación y 37 en etapa de juicio.
En materia de feminicidios, se han abierto 61 noticias criminales. Solo 11 casos tienen condenas, mientras que 26 continúan en indagación, 19 en juicio y 9 en investigación.
“A mí me han amenazado dos veces y siempre pongo la denuncia en la Fiscalía y nunca me han llamado”, añadió Saldarriaga.
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Una investigación de la Corporación Colectiva Justicia Mujer en 32 organizaciones del territorio, reveló que el 44% de las lideresas consultadas por el colectivo, han recibido amenazas asociadas directamente con su labor comunitaria.
Muchas de estas provienen de zonas o subregiones como el Urabá, el Norte y el Nordeste, donde hay presencia del ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, grupos armados que imponen restricciones de movilidad, vigilancia permanente y control sobre las actividades sociales.
“Los actores armados no solo se disputan el territorio, también controlan quién puede ejercer el liderazgo y cómo están actuando en el territorio. Las lideresas tienen que estar encerradas a las seis de la tarde, si se van a desplazar, tienen que decir de qué temas van a hablar”, explicó Juliet Gómez.
A esto se suma, según las lideresas, la violencia institucional, que ha generado la desconfianza en las rutas de atención y el temor de la revictimización.
“Solo un 36% de las mujeres víctimas decidió denunciar porque no creen que exista una institucionalidad que actúe o las proteja”, indicó la directora de la Corporación Colectiva Justicia Mujer.
La situación empeoró en 2025. Según la corporación, cada vez más mujeres optan por retirarse de los espacios de participación, reducir su activismo o abandonar procesos comunitarios como estrategia de autoprotección.
Aunque la Gobernación de Antioquia ha implementado estrategias de prevención y protección, como el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, que en 2025 formó a más de 140 mujeres, las lideresas coinciden en que las medidas siguen siendo insuficientes, especialmente en zonas rurales y de alta presencia armada.
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