Casi que una vez por mes la Fiscalía y la Policía dan noticias sobre grandes operativos en contra de la trata de personas. Los primeros días de octubre, por ejemplo, anunciaron que en un apartamento en Medellín capturaron a alias Lukas, quien sería el cabecilla de la banda Raphax, y a doce personas más que hacían parte de una red trasnacional especializada en captar a mujeres en esta ciudad a través de redes sociales para luego explotarlas sexualmente en países de Europa Oriental como Croacia o Albania.
En la investigación, las autoridades encontraron a cerca de 60 víctimas. Un mes antes, en septiembre, la Policía anunció la “desarticulación” de otra red de trata casi un año después de que dos mujeres paisas no pudieran explicar qué estaban haciendo en Austria.
La semana pasada la noticia fue otra: ya el remitente no era la Policía, sino la Fiscalía, y el hecho no era una captura, sino una condena: un hombre y dos mujeres fueron condenados —tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía— a seis años de cárcel por el delito de trata de personas.
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Pero lo cierto es que en Antioquia (y en el resto del país) la trata de personas es un crimen que suele pasar de agache, a pesar de lo cruel que es para las víctimas y de lo rentable que es para los criminales, pues no solo se enriquecen esclavizando a la gente, sino que casi siempre quedan impunes: por cada 100 procesos que abre la Fiscalía por el delito de trata de personas, solo tres terminan en un juicio y dos en una condena.
Si se tienen en cuenta las estadísticas de las noticias criminales abiertas en los últimos 10 años por este crimen en el departamento, el 90% se quedan o están en etapa de indagación, apenas el 5% llega a investigación, el 3% a juicio y el 2% a una condena. Seis de cada 10 casos siguen activos y poco más del 40% se han cerrado.
La trata de personas, hay que recordarlo, consiste en la captación, el traslado, el transporte, la acogida o la recepción de personas con el fin de explotarlas en un proceso siempre involuntario, donde los criminales utilizan la violencia física, las amenazas, el engaño, la manipulación emocional, el abuso de poder, o la vulnerabilidad de las víctimas para someterlas. Esta, a su vez, tiene diferentes finalidades: la de explotación sexual o prostitución forzada, que es la más frecuente; pero también hay trata de servidumbre por deuda, en la cual obligan a trabajar a las personas para pagar una deuda; o la mendicidad ajena, que consiste en obligar a pedir dinero para beneficio de otro; o el matrimonio servil, o la criminalidad forzada.
La forma en la que operan estas redes de explotación sexual o prostitución forzada es casi siempre la misma: a mujeres jóvenes, pobres y sin educación les ofrecen oportunidades de trabajo en otros países. Se endeudan para viajar con la esperanza de conseguir dinero para mandarles a los seres queridos. Una vez allá, las encierran, les quitan los pasaportes, las obligan a tener sexo hasta más de 10 veces al día y no les pagan.
Quienes las invitan con engaños a estas redes son, generalmente, personas de su círculo cercano: familiares, amigos, vecinos y conocidos. Por eso, en buena medida, es que casi nunca denuncian. Además, ¿para qué? De nuevo: solo tres de cada cien casos llega a juicio.
De ahí que el subregistro sea altísimo: en Colombia, las cuentas “oficiales” de la trata de personas las lleva el Ministerio del Interior y en el primer semestre de este año solo identificó a 151 víctimas, menos de 30 al mes. De ellas, el 79% eran mujeres y el 60% era con fines de explotación sexual, aunque probablemente la cifra sea mayor porque de un 30% el Ministerio no tiene información. Del total de las víctimas, cerca de una tercera parte es de nacionalidad venezolana y Antioquia fue el departamento, junto con Norte de Santander, que más víctimas tuvo.
Según la Alcaldía de Medellín, hasta el pasado mes de septiembre, las autoridades atendieron 32 casos de trata de personas en la ciudad y más del 90% de las víctimas eran mujeres.
También en septiembre pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su informe anual sobre el tema y en este señaló que “el Gobierno de Colombia no cumple con los estándares mínimos para la erradicación de la trata de personas, aunque está realizando esfuerzos significativos en esta dirección. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido lo suficientemente serios ni sostenidos en comparación con el periodo previo”. Por esto, reclasificó al país en el Nivel 2 (antes estaba en el 1), lo que significa un descenso a una categoría que implica una evaluación insuficiente en la protección de las víctimas, la justicia y la prevención.
Por ejemplo, desde el 2018 no se ha procesado ni condenado a ningún responsable de trata con fines de trabajo forzado, a pesar de que es bien sabido qué ocurre. “Además, se observó una significativa reducción en el número de procesos judiciales iniciados, en la identificación de víctimas y en el financiamiento destinado a combatir la trata”, señala el informe.
Claudia Yurley Quintero Rolón, psicóloga y defensora de derechos humanos de la Fundación Empodérame, explica que, en general, estas redes de trata de personas están instaladas de forma transnacional y funcionan desde España, Grecia, Portugal, México con conexiones en el Eje Cafetero, Medellín y Cali. Asegura que las personas que reclutan suelen ser mujeres que antes ya han sido víctimas y estuvieron explotadas y ahora tienen el rol de “convidar” a otras mujeres para viajar.
“Muchas piensan: ¿Si ya me prostituyo en Medellín, por qué no lo voy a hacer en Madrid?”, explica otra experta en el tema. En este punto es importante una aclaración: si bien a algunas víctimas las engañan con falsas promesas de trabajo, como de meseras o modelos, a muchas les advierten que van a practicar la prostitución. Pero eso no quiere decir que no sean engañadas o utilizadas, porque lo que no les dicen es que las van a retener forzosamente, a explotar sexualmente y además a robarles el dinero producto de esa explotación.
Quintero explica también que los criminales les ayudan a conseguir los pasaportes y las hacen endeudar para comprar los tiquetes, cubrir un par de semanas de hospedaje y dejarle algo de dinero a la familia.
A pesar de que la Alcaldía de Medellín ha hecho algunas campañas pedagógicas para sensibilizar a las personas sobre este delito y evitar que más mujeres caigan en estas redes de trata, el problema está lejos de resolverse. Según Quintero, existe una naturalización de la prostitución en la vida de las mujeres colombianas y en especial las medellinenses. En la ciudad, así como hay una demanda altísima de prostitución, también hay mucha oferta, con mucha competencia. Además, suelen ser víctimas de extorsión y malos tratos de proxenetas. Por eso, cuando les ofrecen irse a otro país, suelen aceptar. “Es algo casi histórico, he atendido casos de mujeres que son la tercera generación de mujeres prostituidas. Viajan porque en Medellín hay mucha oferta de prostitución. Lastimosamente la demanda es exagerada y la oferta también. Las mujeres salen del país porque prostituirse en Medellín es estar sometidas a proxenetas y vacunas de quienes ellas llaman ‘los de la vuelta’. Es un acto de supervivencia”, señala.
Hablar con las víctimas es dificilísimo. Los traumas y los miedos que les quedan después de ser esclavizadas y violadas son tremendos. La Alcaldía ha publicado algunos testimonios, como el de Lorena, una mujer de 27 años y madre de cinco hijos. Su tía, a quien siempre había visto como alguien cercano y confiable, le ofreció trabajo en Sri Lanka limpiando en un hotel. Le dijo que se fuera, que el pago era bueno y que la iba a ayudar.
“El día que llegué, todo cambió. Mi tía desapareció; no respondió más mis llamadas ni mensajes. En su lugar, me recibió un hombre que no conocía, que me llevó directamente a un hotel. Allí me dijeron, sin rodeos, que mi verdadero “trabajo” era en un bar... que debía atender hombres y acostarme con ellos. Me dijeron que tenía una deuda por el viaje y el alojamiento, y que no podía irme hasta pagarla. Ese fue el inicio de mi infierno”. Vivió ese martirio dos años hasta que un hombre, un cliente, pagó la supuesta deuda que ella tenía con sus explotadores y pudo salir de la red. Se enamoró de él y tuvo dos hijos, pero la pesadilla no terminó: le pegaba, la humillaba y la denunció ante las autoridades como migrante irregular.
“Me detuvieron junto a mis hijos. Sentí que mi vida había terminado, que nadie me creería. Pero en ese momento decidí hablar. Con todas mis fuerzas conté mi historia, denuncié lo que había sufrido. Gracias a eso me repatriaron a Colombia”, contó.
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Pero cuando no es de personas cercanas, los engaños llegan a través de internet. De acuerdo con la ONG Espacios de Mujer, a partir de la pandemia del Covid la captación se ha dado principalmente a través de redes sociales, con ofertas engañosas de trabajo, propuestas amorosas, promesas falsas de ayuda humanitaria (esta última, utilizada principalmente con población refugiada o migrante de nacionalidad venezolana).
Así le pasó, por ejemplo, a Jéssica, una mujer paisa de 25 años que trabajaba arreglando cadáveres en una funeraria, hasta que por redes sociales conoció a un hombre que se hacía llamar Carlos y le ofreció un trabajo prometedor en Brasil.
“Carlos me recibió con una sonrisa, pero pronto mi ilusión se convirtió en pesadilla. Me llevó a una casa pequeña y sucia, y al trabajo que me prometió... pero allí me obligaban a laborar entre 18 y 20 horas al día. Solo me daban una comida, dormía en un colchón viejo...”, narra. Pasaron semanas sin que le pagaran y cuando pidió volver a Colombia, Carlos le quitó su pasaporte, el celular y la encerró con llave. Un día, aprovechó un descuido y salió corriendo. Los vecinos la ayudaron, llegó al consulado de Colombia y pudo volver.
“Cuento mi historia para que entiendas que la trata de personas no siempre empieza con violencia: a veces empieza con una promesa, con alguien que “parece bueno”, con un sueño que se convierte en esclavitud”.
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