Sindicato denunció que el centro médico canceló vínculo que tenían, pese a deuda de $1.100 millones, por lo que invitó a especialistas a no contratar con el hospital. El San Vicente dice que esto es “cartelización”.
Hay polémica en el municipio de Caldas, al sur del Aburrá, por el cruce de declaraciones enfrentadas entre un sindicato de la salud y la gerencia del hospital local a raíz de la deuda que existe entre ambas entidades y por la culminación del vínculo laboral que las unía, situación que pone en el medio la atención de la comunidad.
Resulta que hace unos días, el Sindicato de Anestesiólogos Anestesiar dio a conocer un comunicado en el que aseguró que, tras más de 15 años de prestar servicios al centro asistencial caldense, el hospital decidió no renovar el contrato con el sindicato, pese a mantener una deuda superior a los $1.100 millones de pesos con él.
En el documento, la organización calificó la decisión como “un grave agravio” no solo para el sindicato, sino también para la calidad de la atención anestésica en la región.
La cuestión es que, en el documento, Anestesiar también hizo un llamado a los especialistas en anestesiología de Colombia para que “se abstengan de ofrecer servicios, ya sea de manera directa o a través de terceros, a la ESE Hospital San Vicente de Paúl hasta que se resuelva esta situación”.
“La unidad y el apoyo de cada uno de ustedes son fundamentales en este momento. Juntos, podemos defender nuestros derechos y garantizar la calidad de la atención en salud”, apuntó Anestesiar.
La respuesta del Hospital San Vicente de Paúl no se hizo esperar. A través de otro comunicado, la institución de salud aseguró que lo de Anestesiar era una presunta cartelización y por lo mismo alertó los sobre riesgos para la atención de pacientes.
Según la institución, Anestesiar estaría limitando la libre participación de especialistas que no pertenecen a esa agremiación en los procesos de contratación del centro asistencial.
“Estamos hablando de presiones que podrían paralizar los servicios de cirugía de un hospital público y poner en riesgo la salud y la vida de miles de ciudadanos”, afirmó el gerente Juan Carlos Sánchez Fernández.
El directivo agregó que “ningún gremio, sindicato o interés particular puede secuestrar la prestación de un servicio público esencial. Los médicos no pueden ser intimidados por ejercer libremente su profesión, los hospitales no pueden ser sometidos mediante amenazas de suspensión del servicio y los pacientes no pueden convertirse en instrumentos de presión económica”.
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“La salud pública no tiene dueños. Los hospitales públicos no se arrodillan. Y con la vida de los antioqueños no se negocia”, puntualizó.
Frente a estos hechos, el directivo solicitó la intervención del Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia (de la que depende administrativamente), el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud entre otras entidades, para proteger la libre competencia, la autonomía de las instituciones prestadoras de servicios de salud pero también el derecho de los pacientes a recibir atención oportuna.
Sánchez también comentó sus sospechas de que esta situación se estaría replicando en otros hospitales del país.
Para acabar de ajustar y en medio de la controversia, la Superintendencia Nacional de Salud –manejada por el imputado exalcalde de Medellín Daniel Quintero– iniciaría actuaciones de inspección, vigilancia e investigación para indagar el asunto.
Mientras avanzan las investigaciones y continúa el cruce de señalamientos entre el sindicato y el hospital, la mayor preocupación sigue siendo el impacto que esta controversia pueda tener sobre la prestación de los servicios de salud, pues, al final, quienes terminan asumiendo las consecuencias son los pacientes y la comunidad que depende de la atención del hospital.
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