Con megáfonos, arengas y pancartas subían por ese laberinto de escaleras de cemento que es Granizal, con sus calles empolvadas, tanques vacíos y casas de ladrillo que trepan la ladera sin permiso de nadie. Entre todos resaltaba Fernando*, quien subía el camino en muletas. Hace un mes llegó desplazado desde el Chocó, donde una mina antipersonal le arrancó un pie. No conocía a nadie en Granizal, pero esta vereda tiene esa costumbre: recibe a quien llega con los brazos abiertos. Ayer, bajo un sol que calentó la tierra cobriza, caminó junto a cincuenta personas que subieron desde El Pinar hasta Altos de Oriente, donde hace exactamente un año la tierra se tragó a sus vecinos.
Agua, vida y vivienda digna», gritaron. «No queremos más promesas ni baldes para cargar». Y una pregunta que se repetía entre el polvo del camino es ¿por qué el Estado se demora con las soluciones?
Julio César Caicedo Camacho, quien ponía la voz, nació en Buenaventura, es víctima del conflicto y lleva diez años en Granizal. Esa madrugada del 24 de junio de 2025 estaba despierto —las goteras de su techo no lo dejaban dormir— cuando escuchó los gritos: salgan, salgan. Salió a tiempo para salvar la vida. Perdió todo lo demás. «Quedamos para empezar de cero», dijo. Le dieron un mes de subsidio de arriendo: 750.000 pesos. No más. Ha interpuesto derechos de petición, tutelas y desacatos. «En diciembre me llamaron para decirme que ya había salido mi notificación para un siguiente pago. Cuando fui, no había nada». Hoy paga arriendo en El Pinar con lo que gana vendiendo productos de limpieza en la calle.
Sobre esto, la Alcaldía de Bello informó que, a la fecha, han cubierto 242 subsidios de arrendamiento a 43 familias, con una inversión de más de $212 millones de peso.
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La zona del accidente
Cuando la marcha llegó al punto donde ocurrió el deslizamiento —las inmensas rocas de la montaña desnudas y el surco del río de piedras que bajó todavía es visible— Marta Cecilia Álvarez sintió «aprisionado el pecho». Lleva 21 años en Granizal, es promotora de salud y lideresa comunitaria. Durante el recorrido tomó el megáfono, pero la voz se le quebró. Se le cortó. Lloró.
En medio de la misa del primer aniversario, con el rumor de los rezos de fondo, Marta recordó la madrugada del accidente: sacaba agua de su casa y cuando ya estaba rendida, eran las dos de la mañana, se fue a acostar. A las cuatro y media una compañera la despertó por teléfono. «Hay una emergencia», le dijo. «Hay muertos».
Lo que encontró al llegar aún es difícil de describir: un pedazo grandísimo de montaña desaparecido, lodo hasta las rodillas, vecinos sacando cuerpos con sus propias manos. Ella ayudó lo que pudo: solicitó abrir la sede comunal para recibir a los fallecidos, atendió presiones arteriales disparadas, acompañó familias en el duelo y sirvió de enlace con los equipos de emergencia. Se lastimó la rodilla en el barro, agravada por la artrosis que padece. Los paramédicos le prohibieron seguir. «Al otro día no vine. Pero al siguiente sí».
Aunque los organismos de socorro confirmaron el hallazgo de las 27 personas reportadas como desaparecidas, en la vereda persiste la certeza de que bajo la tierra quedaron más. Julio César menciona nombres: Juan Carlos Quintero, Yasneli, Francisco Tenorio. «Somos moradores. Sabemos quiénes vivían aquí». Marta habla de una familia venezolana cuyos parientes, posiblemente en Venezuela, quizás aún no saben que no volverán. Ninguno de estos casos ha sido confirmado oficialmente. La Alcaldía de Bello sostiene que los 27 reportes de la comunidad fueron atendidos y todos los cuerpos recuperados.
Sembrar nueva vida
Hace un año, el paisaje era de ropa y enseres desperdigados entre la tierra y el escombro como vestigios de vidas sepultadas. Ahora se muestra la cicatriz: una franja de tierra color terracota donde antes había casas. En ese lugar, a la par que crece la maleza, líderes de la vereda sembraron un bosque de carboneros, guayacanes y miones como acto de memoria y de raíces.
Gloria Oquendo sembró uno ayer. Su hijo, John Esteban Bedoya Oquendo, era soldado. Ese martes estaba durmiendo en la casa de su novia, Mileidy Martínez, a quien había visitado durante el festivo. Toda la familia Martínez Oquendo quedó sepultada. El cuerpo de John Esteban fue de los primeros en encontrar. Lo sacó la comunidad antes de que llegaran los organismos de socorro, con palas y manos, antes del amanecer. «Cada vez que venga y lo vea, hago de cuenta que es visitarlo», dice Gloria sobre el árbol recién plantado.
Cerca de ella, la familia Hernández también sembró sus árboles. Allí está Norely Hernández, quien habla sobre el desastre con una calma que cuesta seguir. Habla así porque está medicada. Lleva un año en tratamiento psiquiátrico desde que perdió a su hijo, a su madre y a su padre en el deslizamiento. Su hijo, Juan David Lozano Hernández, fue de los primeros encontrados. Pidió a Medicina Legal que lo guardaran hasta hallar a sus padres. «Lo dejaron pudrir», dice sin alzar la voz. El entierro tuvo que ser a cajón cerrado y no pudieron velarlo. A su mamá la encontraron por partes: primero una parte del cráneo con el cabello, luego las piernas, luego una mano. Esperaron seis horas a que Medicina Legal les entregara esa mano para poder enterrarla completa.
El agua: bendición y maldición
En toda la caminata, una constante: el agua. Las arengas la nombran y las pancartas la exigen.
María Gladys Múnera lleva 23 años en Granizal. Llegó en 2003 desplazada de Remedios: hacía tres meses le habían matado a su compañero y ya la habían desplazado antes de Carpinelo y de Las Golondrinas. Cuando llegó a lo que hoy se llama El Regalo de Dios, no había agua ni luz. El terreno era un botadero de escombros. Cuarenta familias se instalaron ahí. «Comenzamos a construir un acueducto comunitario. Doce días enterrados, de seis de la mañana a seis de la noche», recuerda. Metían mangueras, tapaban zanjas, recibían aguapanela y sopa de lo que resultara.
Ese acueducto artesanal, que tomaba agua cruda del embalse Piedras Blancas, terminó enfermándolos. Estudios realizados durante el proceso de una acción popular interpuesta en 2015 —con el apoyo del Consultorio Jurídico de la Universidad de Antioquia— confirmaron la presencia de coliformes fecales de origen animal y humano. El agua que construyeron con sus manos también los estaba enfermando.
El fallo llegó en 2020 y ordenó garantizar el mínimo vital. Cinco años después, Granizal sigue con una solución contingente: cinco carrotanques surten 122 bidones estacionarios de lunes a lunes. Solo en 2025, la Alcaldía de Bello invirtió $4.912 millones en ese esquema provisional.
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Ana Castañeda, habitante y lideresa de la vereda, explica que la solución temporal —una red de tubería aérea conectada a pilas públicas, no a las casas— sigue frenada porque los estudios de riesgo contratados en 2021 quedaron desactualizados y no han sido renovados. La solución estructural depende de la regularización del territorio y la titulación de predios: una fase todavía más lejana.
Dos meses antes del desastre, el Concejo de Bello aprobó una modificación al Plan de Ordenamiento Territorial por medio del acuerdo N.04 del 15 de mayo de 2025. Uno de sus puntos clave es la regularización y formalización de asentamientos humanos informales, como lo es Granizal. Este medio consultó a la Alcaldía de Bello sobre el avance de este proceso, pero al cierre de esta edición no tuvo respuesta.
Sin embargo, la Alcaldía sí informó que radicaron un proyecto de acueducto por $80.000 millones ante el Ministerio de Vivienda, del cual espera una cofinanciación de $50.000 millones. Aún está en evaluación. Si recibiera luz verde hoy, los habitantes de Granizal tendrían que esperar entre 18 y 30 meses más para abrir el grifo de sus casas y recibir agua potable.
«Que venga y camine estas calles», les dicen los habitantes a los magistrados y a las autoridades. «Una cosa son los informes escritos y otra muy distinta es la realidad que se vive acá».
Granizal no está lejos. Desde el centro de Medellín, la vereda queda a menos de una hora en transporte público. Pero esa hora puede convertirse en dos durante la hora pico, por una vía destapada que quedó más deteriorada después del deslizamiento, lo que impide que los carrotanques suban con regularidad y que hace que una persona con una urgencia médica pierda horas antes de llegar a un hospital. Por esta problemática también hay una acción popular pendiente interpuesta por los habitantes.
Ahora, 130 viviendas en Altos de Oriente 1 y 2 están clasificadas en zona de riesgo no mitigable. Algunas familias que recibieron el subsidio de arriendo tuvieron que volver porque no encontraron vivienda por $750.000 en un área metropolitana con costos de vida que no paran de crecer.
Actualmente, la Gobernación de Antioquia, el Distrito de Medellín, la Alcaldía de Bello y el Área Metropolitana adelantan un estudio técnico sobre la formación geológica de la dunita en la ladera oriental del Valle de Aburrá, ejecutado por la Universidad Nacional que cuesta $4.200 millones. Va en un 50% de avance. Cuando termine, definirá acciones de mitigación. No determinará las causas del deslizamiento, sino el comportamiento de esa formación para prevenir eventos futuros. Se instalaron también cuatro sistemas de alerta temprana comunitaria con alarmas sonoras en la zona.
Sigue la espera
Los árboles que sembraron ayer tardarán años en crecer lo suficiente para hacer sombra. En Granizal están acostumbrados a esperar. Llevan décadas haciéndolo: esperando agua, esperando titulación, esperando que alguien baje del escritorio y suba el camino de rocas y barro hasta donde ellos viven.
«Hoy nos refleja un sol hermoso, pero hace un año estamos llenos de duda, de incertidumbre y temores. Estamos aquí porque si uno no denuncia o expresa su sentimiento, no es escuchado», dijo alguien en la marcha, con la voz entrecortada. Un año después del deslizamiento, la montaña ya tiene cicatriz. La comunidad, todavía no.
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