15 de ellos fueron localizados en el municipio de Turbo, Urabá antioqueño, y hacen parte de una misma hacienda, que durante años funcionó como centro logístico y financiero de esta estructura delincuencial.
La Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional materializaron las medidas de extinción de dominio impuestas por un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, sobre 19 bienes que estarían vinculados al extinto Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Dichas propiedades, avaluadas en más de $65.000 millones, están ubicadas en Antioquia, Meta y Casanare, y serán destinadas a la reparación de las víctimas del conflicto armado.
Uno de los bienes embargados que más destaca es la hacienda El Cocuelo en jurisdicción del municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño, que según la Fiscalía, “es un amplio corredor rural que durante varios años funcionó como centro logístico, financiero y de control territorial del grupo armado ilegal”.
El terreno se dividió en 15 predios, cada uno con matrícula independiente y registrados a diferentes personas, esto con el fin de encubrir su adquisición ilegal y evitar la intervención de las autoridades en el terreno. Las otras 4 propiedades, una en zona urbana y tres en zona rural, se localizaron en Meta y Casanare.
Tras analizar los predios, hacer una reconstrucción histórica y revisar los documentos vinculados a los bienes, la Policía Judicial determinó que estos no solo se dispusieron como refugio para bandas criminales, sino también que eran, en gran parte, el sustento económico ilegal de las antiguas AUC.
En enero de este año, tras varias semanas de tensiones, bloqueos y graves señalamientos entre el Gobierno Petro y la comunidad de Necoclí, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) llegó a un acuerdo con más de 300 habitantes del municipio para iniciar la recuperación y entrega de la histórica Hacienda Virgen del Cobre, un predio asociado por décadas a la violencia, el paramilitarismo y al narcotráfico en el Urabá antioqueño.
Hay que recordar que los necocliseños invadieron el predio en al menos dos oportunidades debido a los desacuerdos que tenían con la ANT.
Incluso hubo quemas en quioscos y bloqueos en las vías, dejando al menos a 13 personas capturadas, entre esas menores de edad, y millonarias recompensas de parte de la Policía de Urabá para atrapar a quienes hicieron disturbios.
Entre los compromisos que se pactaron se destaca la creación y gestión del Banco de Tierras de Necoclí, el fortalecimiento y reconocimiento del Comité Municipal de Reforma Agraria como instancia legítima para definir los criterios de distribución, y la conformación de un Comité Cívico de Transparencia y Vigilancia que hará seguimiento al proceso.
La Hacienda Virgen del Cobre es uno de los predios más emblemáticos y más grandes de Urabá. Esas tierras pertenecieron a José Antonio Ocampo Obando, alias Pelusa, señalado de ser el testaferro y socio de Pablo Escobar, y fue escenario de reuniones de jefes paramilitares como Vicente y Carlos Castaño, así como de otros capos del narcotráfico.
Tras dos intentos fallidos de extinción de dominio en 1989 y 2009, el predio pasó a manos del Estado en 2023. En ese año, la Fiscalía impuso medidas cautelares sobre 30 predios que conforman la Virgen del Cobre, estimados comercialmente en cerca de $120.000 millones.
En esa misma etapa, las autoridades establecieron que el valor total del complejo superaría los $219.500 millones, lo que lo convirtió en uno de los lugares más valiosos vinculados a procesos de Justicia y Paz en Urabá.
A finales de ese año, la hacienda fue puesta a disposición del Fondo para la Reparación a las Víctimas. Desde ese momento y durante el periodo 2023–2025, el control operativo y patrimonial pasó a manos de la administración estatal, sin embargo, solo fue hasta el pasado 16 de enero, que la ANT logró recuperar formalmente la hacienda, luego de quitarle el predio a los antiguos propietarios, por presuntamente, “no haber pagado un peso al Estado”, durante el tiempo que estuvieron en la hacienda.
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