La confrontación entre la FLA y Daniel Quintero, actual Superintendente de Salud, escaló un nuevo peldaño. Luego de semanas de enfrentamientos públicos, señalamientos y hasta denuncias penales, la empresa licorera presentó una acción de tutela con la que busca que un juez suspenda las actuaciones de la Superintendencia de Salud al considerar que se están vulnerando varios de sus derechos fundamentales.
En un documento de más de 30 páginas, la FLA sostiene que la actuación de la Supersalud ha estado marcada por decisiones arbitrarias, un presunto conflicto de intereses del superintendente y una utilización indebida de las facultades de inspección y vigilancia para afectar a una de las empresas públicas más importantes de Antioquia.
Parte de la disputa se originó cuando la Supersalud anunció una auditoría integral a la FLA para revisar la forma como la empresa administra los recursos provenientes del monopolio rentístico de los licores, dineros que por ley están destinados a financiar el sistema de salud. Desde entonces, Daniel Quintero ha cuestionado públicamente diferentes decisiones administrativas adoptadas por la empresa.
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El punto de mayor tensión llegó tras una denuncia penal por parte de Supersalud en contra de los directivos de la FLA por supuestas inconsistencias detectadas durante las actuaciones de inspección. Para la empresa antioqueña, esas actuaciones no obedecen únicamente al ejercicio de las funciones de vigilancia, sino que estarían influenciadas por intereses políticos.
El gerente de la FLA, Esteban Ramos, explicó a EL COLOMBIANO que la auditoría —la primera en más de siete años— llegó con un cuestionario inusualmente amplio. Mientras procesos similares suelen incluir entre 10 y 17 requerimientos, esta vez, afirma, fueron 77.
¿Qué dice la FLA sobre Quintero?
La FLA argumenta que el funcionario no ofrece garantías de imparcialidad debido a los enfrentamientos políticos que ha sostenido durante varios años con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y con la administración departamental.
Según la empresa, Quintero ha realizado reiteradas publicaciones en redes sociales y declaraciones públicas en las que cuestiona a la Gobernación de Antioquia y a sus funcionarios, circunstancias que, a juicio de la FLA, comprometen la objetividad con la que debería ejercer sus funciones como superintendente.
La tutela recuerda que la Constitución y la ley obligan a los servidores públicos a actuar con absoluta imparcialidad y que, cuando existen circunstancias que puedan afectar esa objetividad, deben apartarse de los procesos administrativos.
Por esa razón, la FLA presentó formalmente una recusación para que Daniel Quintero no continúe interviniendo en las actuaciones relacionadas con la empresa. Sin embargo, asegura que la solicitud fue rechazada sin que existiera un análisis de fondo suficiente.
“Qué diligencia para negar las recusaciones. Ojalá el sistema fuera así de eficiente cuando hay que pagarles a las EPS o a las IPS”, manifestó Ramos.
La tutela no solo dirige sus reparos contra Daniel Quintero. También solicita que se evalúe la actuación del superintendente delegado para las Medidas Especiales, Juan David Duque, quien ha tenido participación directa en varias de las actuaciones adelantadas por la entidad.
Duque fue secretario privado de Quintero durante su administración en Medellín y fue destituido por el Concejo mediante una moción de censura en noviembre de 2023, en medio de las investigaciones relacionadas con el manejo de los fondos fijos o caja menor de la Alcaldía.
La FLA pide suspensión de actuaciones
Como medida urgente, la FLA solicitó que se suspendan provisionalmente todas las actuaciones adelantadas por la Superintendencia relacionadas con la empresa mientras se resuelve de fondo la recusación.
Según la tutela, permitir que Daniel Quintero continúe interviniendo podría ocasionar un perjuicio irremediable debido a las decisiones administrativas que eventualmente podrían adoptarse durante ese tiempo. También pide que cualquier actuación futura quede en manos de funcionarios que no tengan cuestionamientos sobre su imparcialidad.
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Desde que asumió la Superintendencia de Salud, el exalcalde de Medellín ha intensificado el control sobre entidades que administran recursos destinados al sistema de salud, entre ellas la Fábrica de Licores de Antioquia.
Por ahora será un juez quien determine si existen elementos suficientes para considerar que, como sostiene la FLA, la Superintendencia de Salud vulneró derechos fundamentales durante las actuaciones adelantadas contra la empresa.
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