A escasas semanas de ajustar tres años en poder del gobierno del presidente Gustavo Petro, Savia Salud está a las puertas de volver a las manos de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Comfama.
El pasado 24 de abril, el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó a la Superintendencia de Salud reunirse con la junta de accionistas de esa EPS, en un plazo de diez días hábiles, para realizar un empalme y devolver la entidad a sus socios originales mientras se resuelve una demanda de nulidad a su intervención.
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Pese a que la decisión fue recibida con optimismo, la región recibirá una EPS que pasa por un punto de quiebre, luego de haber duplicado sus deudas y cuadruplicado sus gastos operacionales mientras estuvo en manos del gobierno central.
En medio de ese panorama, la Gobernación y la Alcaldía también deberán volver a analizar qué tan viable sería revivir los planes de capitalización que buscaban sacar a flote a la entidad, de la que dependen más de 1,6 millones de antioqueños, en su gran mayoría del régimen subsidiado.
Lo que se sabe de la EPS
Si bien, a diferencia de otras entidades en poder de la Nación, los estados financieros de Savia Salud han seguido disponibles, el estado completo de la entidad es una incógnita tanto para el conglomerado público de Medellín como para el de Antioquia.
Así lo han advertido múltiples concejales, diputados y el gobernador de Antioquia, quienes señalan que muchos de los temas sensibles de la operación de esa EPS se desconocen desde 2023.
Desde la Asamblea de Antioquia y el Concejo de Medellín esa discusión ha sido especialmente sensible, dada la renuencia de muchos de los interventores que han pasado por la EPS a asistir a los debates de control político citados por esas corporaciones.
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“Lo que no sabemos es cómo vamos a encontrar la entidad. Son casi tres años de intervención del gobierno Petro, al estilo usurpador de esta administración que por fortuna está terminando”, expresó por ejemplo el gobernador Andrés Julián Rendón el pasado 24 de abril.
En materia contable, los dos indicadores que desde 2023 han generado mayor preocupación entre líderes del sector de la salud en el departamento e integrantes de la red hospitalaria son los pasivos y los gastos operacionales.
En cuanto a los pasivos, los estados financieros previos a la intervención, con corte al 31 de enero de 2023, daban cuenta de que la entidad tenía compromisos por $799.435 millones, un valor que generaba nerviosismo entre las principales IPS de Medellín y Antioquia, que temían que ese monto se convirtiera en un gran hueco financiero en caso de que la EPS fuera liquidada.
Precisamente alegando esos riesgos financieros, sumado al comportamiento de varios indicadores Fénix establecidos durante un proceso de vigilancia especial, fue que el Gobierno Nacional justificó su toma de posesión de la entidad.
Ahora bien, pasados casi tres años de la aplicación de una medida que debía reducir ostensiblemente esos pasivos, los estados financieros muestran que ese faltante pasó de $799.435 millones a $1.650.209 millones con corte al 31 de marzo de 2026, lo que equivale a más del doble; es decir, un crecimiento del 106%.
A la par de ese crecimiento, otro indicador que se disparó durante la intervención fue el de los gastos operacionales de la entidad, que pasaron de $7.348 millones con corte al 31 de enero de 2023 a $33.454 millones, lo que equivale a un incremento del 355%; es decir, unas cuatro veces y media del valor inicial.
El dato no es menor, dado que, buscando evitarse la intervención, antes de 2023 Savia se había embarcado en un plan de austeridad y eficiencia administrativa, pero tras quedar en poder de la Nación dichos gastos se dispararon, a juicio de varios críticos, para incrementar burocracia.
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No obstante, todos los pronósticos no son adversos. Además de un panorama que podría ser más favorable para revivir los planes de capitalizar la entidad, Savia ahora tiene a su favor el ajuste de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) para el régimen subsidiado, una medida que se pedía con insistencia desde hace más de tres años, pero que el gobierno del presidente Gustavo Petro avaló en su ocaso y ya con gran cantidad de EPS bajo su tutela.
Más allá de estos escenarios, que dependerán en gran medida de las decisiones de fondo que se adopten en el caso (aún por resolverse) otras voces han hecho un llamado para que se aprovechen las medidas cautelares para emprender una auditoría forense.
“Han sido casi tres años de una intervención nefasta, con una serie de resultados que lo único que han hecho es empeorar la salud de casi 1,7 millones de antioqueños. Hay que pedirle a la Gobernación, la Alcaldía y Comfama que, una vez se tome posesión de nuevo de la EPS, se haga una auditoría forense, para encontrar todas las situaciones que los interventores hicieron mal”, expresó el diputado de Antioquia, Jorge Correa, quien se cuenta entre quienes piden un plan de salvamento en el que se le inyecte capital a la promotora de salud.
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