La Agencia Nacional de Tierras lanzó una preocupante denuncia al señalar el aumento de hostigamientos, amenazas y presencia de grupos armados ilegales contra funcionarios en varias zonas del país, particularmente en Antioquia, donde se adelantan procesos de recuperación, adquisición y formalización de predios en el marco de la Reforma Agraria.
En particular, según señaló la entidad, han identificado riesgo inminente en cinco fincas ubicadas en los municipios de Puerto Boyacá, La Dorada y Cimitarra, donde el Clan del Golfo, bajo la influencia de alias “Botalón”, estaría ejerciendo presiones para frenar la intervención del Estado en predios asociados históricamente a estructuras del narcotráfico y el paramilitarismo.
“Los grupos armados se están activando porque estamos llegando a los predios de exnarcos y paramilitares. Sabemos que hay un riesgo real de despojo violento. Por eso, le solicito de manera urgente a la Policía Nacional que tome medidas inmediatas. Los intereses paramilitares no pueden amenazar la Reforma Agraria en el Magdalena Medio”, afirmó Felipe Harman, director nacional de la ANT, quien también señaló que el avance en la labor de la agencia está siendo recibido con acciones de intimidación y control territorial ilegal.
La entidad recalcó que la situación es crítica en predios del Fondo de Reparación para las Víctimas, que por medio un convenio se busca entregar tierras como parte de los procesos de justicia transicional. Según la ANT, las amenazas no solo impiden la labor técnica y administrativa, sino que perpetúan el despojo y no permiten que las tierras recuperadas por el Estado lleguen a quienes por derecho les pertenecen. En el Bajo Cauca antioqueño, por ejemplo, el denominado “plan pistola” ha paralizado por completo la presencia de funcionarios durante más de dos semanas.
En el marco de los procesos de compra y verificación de predios en Magdalena Medio administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), se han presentado también graves dificultades de orden público. En el municipio de Yondó, en Antioquia, funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras fueron notificados por la alcaldía municipal sobre un retén de grupos hombres armados que bloqueaba su paso hacia 1.759 hectáreas que debían ser verificadas.
Por estos hechos, la ANT señaló que la violencia desatada “demuestra que la Reforma Agraria está tocando fibras sensibles de los grupos armados”.
El director de la Agencia aseveró que la presencia del Estado en zonas históricamente abandonadas “no solo representa una oportunidad para las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, sino también una amenaza directa para economías ilegales que han controlado el uso de la tierra por décadas”.
Pese a amenazas, Antioquia lidera Reforma Agraria en el país
A pesar de las amenazas y hechos de violencia denunciados, la ANT entregó en diciembre de 2024 un balance positivo con más de 8.800 hectáreas entregadas a organizaciones campesinas de municipios como Caucasia, Zaragoza, Cáceres, Necoclí, Arboletes, Puerto Berrío, Yondó, entre otros, por lo que Antioquia se consolidó como uno de los departamentos líderes en la consolidación de la Reforma Agraria.
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Además, de acuerdo con al entidad, se formalizaron más de 6.370 hectáreas de tierra para familias campesinas que llevaban años esperando el título de sus predios.
Dentro de ese programa de formalización se escribió un nuevo capítulo donde, por primera vez en la historia, se entregaron títulos de propiedad en el corregimiento de El Aro, en el municipio de Ituango, Antioquia, con 1.695 hectáreas tituladas a cerca de 90 familias víctimas de la masacre paramilitar de 1997.
También se avanzó en la caracterización de más de 189.000 hectáreas del Fondo de Tierras con el fin de que puedan ser adjudicadas o asignadas a familias campesinas antioqueñas que produzcan la tierra y ayuden al fortalecimiento de la seguridad agroalimentaria del país.
Además de la entrega de tierras y títulos, dentro de la agenda de la Reforma Agraria se constituyeron 13 Zonas de Reserva Campesina en el país durante el 2024, de las cuales 2 están ubicadas en Apartadó y Tarazá, Antioquia, con más de 71.000 hectáreas.
Por su parte, desde el componente de enfoque diferencial étnico se aprobó la constitución del Resguardo Indígena José de los Santos, en Cáceres, con un área de 636 hectáreas, y del Resguardo Indígena El Mango en el distrito portuario de Turbo, con un área de 53 hectáreas, ambas comunidades del pueblo Zenú.
