Una de las principales unidades especializadas en la atención de madres gestantes y recién nacidos de la región de Urabá atraviesa una grave crisis financiera que amenaza la continuidad de sus servicios. En sus instalaciones, 24 bebés permanecen conectados a incubadoras y equipos de soporte vital, mientras médicos y enfermeras “espantan” a los funcionarios de la empresa de energía que –tras una deuda de año y medio– buscan cortar el servicio dada la abultada deuda.
El personal de la Unidad Materno Infantil de Chigorodó –adscrita a la Clínica Soma– comentó, mientras atienden a cerca de 100 madres, que la falta de recursos pone en riesgo la atención de pacientes críticos.
La institución, ubicada en Chigorodó, enfrenta una cartera superior a los $14.000 millones que, según sus directivas, corresponde a obligaciones pendientes de pago por parte de EPS intervenidas por el gobierno Petro como la Nueva EPS, Coosalud y Savia Salud.
La clínica atiende cerca del 70% de los partos de la región y recibe pacientes remitidos desde 13 municipios del Urabá antioqueño y el norte del Chocó, entre ellos Apartadó, Turbo, Carepa, Chigorodó, Necoclí, San Pedro de Urabá, Mutatá, Dabeiba, Riosucio, Carmen del Darién, Vigía del Fuerte, Acandí y Capurganá.
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Según la institución, cada año cerca de 240 recién nacidos requieren atención especializada en esta unidad, considerada como centro de referencia para casos obstétricos y neonatales de alta complejidad en la región.
Evelyn Tatiana Giraldo, directora de la Fundación Soma de Chigorodó, aseguró que las dificultades financieras se han venido agravando durante los últimos meses.
“Desde agosto del año pasado venimos pidiéndole al Gobierno Nacional y a las EPS que nos paguen, pero no han sido cumplidos con los pagos. Un mes nos pagan, otros no. Es más, nos dan ni la tercera parte de lo facturado”, afirmó.
De acuerdo con el personal médico, algunos trabajadores acumulan hasta ocho meses sin recibir salarios completos, situación que ha obligado a mantener la atención bajo condiciones económicas difíciles.
La directora Giraldo explicó que las obligaciones pendientes afectan múltiples áreas de la operación. “Le debemos a los especialistas, a la arrendadora y hasta a la empresa servicios públicos”, señaló.
Uno de los mayores temores de la institución está relacionado con la posibilidad de una suspensión del servicio de energía debido a las deudas acumuladas. Según la entidad, la obligación pendiente por este concepto supera los $650 millones y corresponde a cerca de un año y medio de facturación.
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“A raíz de la deuda, vienen los funcionarios de EPM a cortarnos la energía. Pero no dejamos que nos hagan el corte porque si la UCI perinatal se queda sin luz, muy seguramente se mueren los niños”, sentenció Giraldo.
La crisis financiera también estaría impactando el abastecimiento de elementos básicos para la atención de los pacientes.
De acuerdo con la directora, en algunos momentos han enfrentado dificultades para adquirir insumos esenciales para la atención neonatal.
“A veces nos vemos sin jeringas, sin guantes, sin leche para los neonatos, para los prematuros. Por eso hoy estamos buscando que la comunidad nos apoye con una donatón”, indicó.
Frente a este panorama, la institución puso en marcha una donatón para recaudar pañales, leche especializada, insumos médicos y aportes económicos que permitan sostener la operación básica del servicio mientras se resuelve la situación financiera.
Quienes deseen apoyar, pueden enviar sus ayudas a la cuenta de ahorros Bancolombia 00850055530 o al número celular 350-472-54-53.
Médicos, enfermeras y directivos aseguran que continúan prestando sus servicios para evitar que madres gestantes y recién nacidos queden sin atención en una de las regiones más apartadas del país.
La institución advirtió que la continuidad de la unidad materno-infantil depende de una respuesta oportuna de las EPS, las autoridades sanitarias y los organismos competentes para garantizar los recursos necesarios que permitan mantener la atención de los pacientes más vulnerables.
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