Un calvario. El monumento a la desidia del gobierno Petro. Así es catalogada por políticos y gremios antioqueños el estado actual de la Autopista Medellín-Bogotá, principalmente en el tramo El Santuario–Caño Alegre, de 135 kilómetros de extensión y que cubre cuatro municipios.
La situación de este corredor —uno de los más importante del país, ya que une las dos ciudades principales y por el que transitan, en dicho tramo, 4.500 vehículos diariamente— es crítica, no solo por la malla vial sino por la inestabilidad de taludes, la inseguridad y la accidentalidad.
Hasta agosto pasado esa carretera estuvo a cargo de Devimed que se la entregó a Invías, entidad del Gobierno Nacional, para que la operara. No obstante, diputados y congresistas aseguran que desde 2019 el tramo en mención fue devuelto por ese concesionario a la Nación. Pero, a pesar de los insistentes clamores —en comienzo de la Gobernación para que le entreguen su manejo y poderle invertir los recursos recaudados por peajes, y ahora de diputados y congresistas— aún no ha habido determinaciones ni menos una solución.
La solicitud más reciente la realizó la Asamblea Departamental al exigir acciones urgentes a las entidades nacionales debido a “la alarmante crisis de accidentalidad y el avanzado deterioro que sufre la vía que conecta Medellín con Bogotá, específicamente en el tramo entre El Santuario y Caño Alegre”.
La corporación propone que incluyan la intervención técnica prioritaria en los puntos más peligrosos, la supervisión de acuerdos previos de pavimentación integral y la revisión de las tarifas de los peajes locales.Asimismo, los diputados piden, a largo plazo, la construcción de una doble calzada, además del refuerzo en los controles viales y de velocidad para proteger a las comunidades rurales y escolares.
Plantean dos alternativas
Para el diputado José Luis Noreña las reparaciones realizadas hasta ahora han sido superficiales. Agregó que no conoce un diagnóstico reciente de Invías y cuestionó la diferencia entre los recursos que, según su cálculo, ascienden a 120.000 millones de pesos por recaudo de peajes y la inversión destinada al tramo.
“Ahí viene el gran problema. Al tramo de El Santuario - Caño Alegre solo le invierten de 10.000 millones a 20.0000 millones de pesos al año. Entonces, nos preguntamos: ¿dónde está el resto de la plata?”, explicó el diputado.
Noreña recordó que esta vía es clave para la utilidad que pueda prestar el puerto de Urabá, que inicia su operación total a finales de este año, y por donde transitarán productos que se exportan desde Bogotá y que se importan de otros países al centro del país.
“El tramo más difícil, que pasa por El Santuario, Cocorná, San Luis, Puerto Triunfo y llega Puerto Boyacá, lo tenía la concesión Devimed, pero hay papeles que se registran en Invías, que esta lo entregó en el 2019, más o menos. El resto de la vía lo siguió concesionando Devimed hasta el 1 de agosto de 2026”, indicó Noreña.
El corporado consideró que la primera solución que se le puede dar a esta problemática es que el Gobierno Nacional entregue el tramo al departamento. Respecto a esa iniciativa, agregó que el gobernador Andrés Julián Rendón solicitó que varias vías nacionales ubicadas en el territorio pasen a manos del departamento para que la administración regional asuma su mantenimiento y ejecutar las obras necesarias.
La segunda alternativa, para Noreña, es que la Nación adjudique una nueva concesión que incluya obligaciones de conservación e infraestructura. De esa manera, planteó que esa intervención debería considerar la ampliación a un tercer carril o doble calzada. o . prolongar la que llega actualmente hasta El Santuario.
Proyecto en el Senado
Casi paralelo a la solicitud de la Asamblea, el senador Esteban Quintero radicó un proyecto de ley que propone que el 100 % del recaudo de peajes en Colombia se invierta en el mantenimiento del corredor vial donde se cobra.
El congresista sostuvo que la iniciativa superó una proposición de archivo y aclaró que no cambia quién administra las carreteras. Aseguró que en el caso de la Medellín-Bogotá, esa responsabilidad seguiría en manos del Invías, solo que el recaudo total de los peajes será invertido en arreglarla.
Quintero añadió que en vez de permitir que los recursos de los peajes se asignen a otras vías, el proyecto establece que el total se use para mantener el corredor donde se encuentran. La regla se aplicaría a todas las vías del país.
“No se han invertido ni siquiera 250.000 millones de pesos en la modernización o en el mantenimiento de la vía. Eso hace que se esté incumpliendo con la ley, que dice que, por lo menos, el 50 % debe estar destinado al mantenimiento. Y una vez la vía ya esté en óptimas condiciones, ahí sí la plata podría ir a otros corredores”, anotó.
El congresista, a su vez, señaló que la justificación que dio el Invías en el gobierno Petro, para no invertirle el total del recaudo a la reparación del corredor, fue que esos recursos iban para otras vías, como la del Chocó. “Sin embargo, las vías del Chocó siguen iguales o peores, y la autopista Medellín-Bogotá”, apuntó.
Preocupación de empresarios
Las súplicas para que este gobierno —después de los desaires de otros durante décadas— intervenga el tramo de la Medellín Bogotá, de 135 kilómetros, en territorio antioqueño, y que es una verdadera trocha, se siente también desde el sector empresarial.
Juan Camilo Aguirre, director de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, aseveró que el buen estado de la carretera contribuye a que “un productor pueda llevar sus cosechas al mercado, que un comerciante reciba sus insumos y que un visitante llegue con seguridad a nuestros municipios, al turismo, reduce costos en el transporte y fortalece las cadenas productivas”.
El líder gremial acotó que esta vía ha sido determinante para el desarrollo de la subregión y el objetivo debe ser proteger la vida de quienes la transitan y de las comunidades que conviven con ella, con especial atención a los entornos escolares.
En tanto, empresarios y políticos insisten en soluciones para que esta vía sea intervenida con el dinero del recaudo, la comunidad, cansada del deterioro y la alta accidentalidad, se tomó algunos peajes, según comentó el senador Quintero, y suben la talanquera cuando los conductores les paguen.
“Es decir, esos peajes no se están cobrando. Entonces, tampoco se está recibiendo dinero”, concluyó Quintero.
Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Qué municipios abarca el tramo más deteriorado de la autopista Medellín-Bogotá?
- Comprende el trayecto entre El Santuario y Caño Alegre, pasando por jurisdicciones de Cocorná, San Luis, Puerto Triunfo y conexiones hacia Puerto Boyacá.
- ¿Cuánto dinero recaudan los peajes del tramo afectado y cuánto se invierte?
- Según denuncias en la Asamblea de Antioquia, los dos peajes del sector recaudan cerca de $120.000 millones al año, pero Invías solo destina entre $10.000 y $20.000 millones para su mantenimiento.
- ¿Qué propone el proyecto de ley radicado en el Senado para los peajes?
- La iniciativa plantea que el 100% de lo recaudado por peajes en cualquier vía del país sea reinvertido prioritariamente en el mantenimiento de ese mismo corredor vial.
