Las tiendas de barrio, panaderías, legumbreras, expendios de carne y otros pequeños negocios que durante décadas han sostenido la economía cotidiana de Antioquia tendrán, por primera vez, una política pública diseñada exclusivamente para responder a sus necesidades. La Asamblea Departamental aprobó los lineamientos para la formulación e implementación de la Política Pública de Micronegocios, con la que la Gobernación busca convertir estas unidades productivas en un motor de empleo, formalización y desarrollo económico.
La decisión parte de una realidad que refleja el peso de este sector en la economía regional. Según cifras de la Encuesta de Micronegocios (EMICRON), el 90 % del tejido empresarial de Antioquia está conformado por micronegocios, mientras que en el Valle de Aburrá representan el 87 %. Sin embargo, estos establecimientos funcionan como alternativa de autoempleo y enfrentan dificultades para acceder a crédito, adoptar nuevas tecnologías o vincularse a esquemas de protección social.
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El proyecto, impulsado por el diputado Néstor Mauricio Caly Padilla de partido MIRA, desarrollado bajo el marco de la Ordenanza 18 de 2025, busca precisamente cerrar esas brechas y facilitar el paso de estos negocios desde modelos de subsistencia hacia unidades productivas más competitivas e innovadoras.
De acuerdo con la iniciativa, un micronegocio es una unidad económica con entre una y nueve personas ocupadas y con ingresos brutos anuales que no superen las 3.500 Unidades de Valor Tributario (UVT).
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Uno de los principios que sustenta la ordenanza quedó consignado en su exposición de motivos: “La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones”, en línea con el mandato constitucional que establece que el Estado debe promover el desarrollo empresarial.
¿Qué beneficios tendrán los micronegocios en Antioquia?
La política pública contempla una hoja de ruta para fortalecer la economía de barrio mediante varias líneas de acción.
Entre ellas se encuentra la creación de mecanismos que faciliten el acceso a nuevas fuentes de financiación, especialmente para negocios que hoy dependen del ahorro propio o de préstamos informales. También se impulsarán procesos de digitalización, innovación y comercio electrónico, con el propósito de que pequeños establecimientos puedan competir en un mercado cada vez más tecnológico.
Otro de los pilares será el fortalecimiento de la protección social, promoviendo el acceso al sistema de seguridad social y a mecanismos de protección para la vejez de los propietarios de estos negocios.
Además, la política reconoce expresamente el papel que cumplen establecimientos como tiendas de barrio, panaderías, legumbreras y expendios de carne en el abastecimiento de alimentos y en la economía de proximidad de los municipios.
¿Quiénes podrán acceder a los programas?
Los beneficios estarán dirigidos exclusivamente a quienes cumplan la definición de micronegocio establecida en la ordenanza. Los establecimientos deberán:
• Tener entre 1 y 9 personas ocupadas (todas las personas que trabajan en el negocio)
• Estar ubicados en zonas urbanas barriales o rurales de Antioquia.
• Registrar ingresos brutos anuales inferiores a 3.500 UVT (Para 2026, 3.500 UVT equivalen aproximadamente a $183.309.000)
• Ser unidades económicas administradas por sus propietarios o familias.
La política también incorpora un enfoque diferencial que dará prioridad a negocios liderados por mujeres, jóvenes, población rural, víctimas del conflicto armado y personas en condición de vulnerabilidad.
Como parte de la implementación, la Secretaría de Desarrollo Económico realizará procesos de socialización y caracterización de los negocios, además de crear un sistema de información georreferenciado para identificar a los micronegocios de cada municipio e incorporarlos a los programas de acompañamiento empresarial.
¿Qué negocios quedan por fuera de la política?
La ordenanza excluye expresamente a las franquicias, las tiendas de cadena y las grandes superficies. La razón es que la política está enfocada en fortalecer la economía popular y las unidades productivas de pequeña escala, generalmente administradas por personas o familias, que desarrollan actividades económicas de proximidad.
Según el documento expedido, estos modelos empresariales tienen características diferentes a las franquicias o establecimientos pertenecientes a grandes grupos económicos, que cuentan con estructuras comerciales más robustas y no responden al perfil de vulnerabilidad que busca atender la política pública.
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La ordenanza entrará en vigencia desde el momento de su publicación oficial. Sin embargo, la Gobernación de Antioquia tendrá un plazo máximo de 15 meses para diseñar, adoptar e implementar formalmente la Política Pública de Micronegocios.
Ese periodo servirá para estructurar los programas, definir indicadores de seguimiento y poner en marcha las estrategias contempladas en la norma.
¿Cómo funcionará el Comité Departamental para la Economía de Micronegocios?
Uno de los principales instrumentos creados por la ordenanza será el Comité Departamental para la Economía de Micronegocios, encargado de coordinar, hacer seguimiento y evaluar la implementación de la política pública.
El comité será liderado por la Secretaría de Desarrollo Económico de Antioquia e integrará representantes de distintas dependencias de la Gobernación, como Planeación, Ambiente, Salud e Inclusión Social.
También participarán como invitados permanentes representantes de cámaras de comercio, gremios, universidades y delegados de los propios micronegocios. Entre sus funciones estarán la identificación de las principales problemáticas del sector, la concertación de estrategias para fortalecer la economía local y el seguimiento técnico a los resultados de la política mediante indicadores de gestión e impacto que serán evaluados periódicamente.
Con esta apuesta, Antioquia busca que miles de pequeños negocios dejen de operar únicamente como una alternativa frente al desempleo y se conviertan en empresas más sostenibles, innovadoras y con mayor capacidad para generar empleo formal en las diferentes subregiones del departamento.
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Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿La nueva ley ayudará a pagar la seguridad social o a tener una pensión en el futuro?
- Sí, uno de los objetivos de la política es promover mecanismos para que los dueños de micronegocios tengan acceso al Sistema de Seguridad Social y esquemas de protección para la vejez. Esto se hará en articulación con las entidades nacionales competentes para buscar soluciones que se adapten a tu capacidad de pago
- ¿Cómo se enterará la Gobernación que su negocio existe para poderme ayudar?
- La política ordena el diseño de un sistema de información georreferenciado por municipios para caracterizar a cada micronegocio. Esto permitirá que el departamento identifique dónde estás ubicado y qué necesidades específicas tiene tu sector (tienda, panadería, legumbrera, etc.) para incluirte en su oferta de programas
- ¿Qué tipo de apoyo recibirá si decide formalizar su negocio bajo esta nueva política?
- Recibirá acompañamiento directo para la formalización, además de acceso a programas de formación técnica, certificación de competencias laborales y desarrollo de capacidades empresariales. El objetivo es que la transición a la legalidad sea un proceso de fortalecimiento y no solo un trámite administrativo
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