El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, puso sobre la mesa una de las propuestas más sensibles dentro de la discusión sobre la modificación del Decreto 003 de 2021: que la Fuerza Pública pueda intervenir en universidades y otras instituciones de educación superior cuando se presenten hechos violentos, sin necesidad de contar previamente con la autorización de sus directivas.
Rendón respaldó la iniciativa del gobierno del presidente Abelardo De la Espriella para modificar la norma que establece los lineamientos para la actuación de las autoridades durante las manifestaciones públicas y sostuvo que el nuevo decreto debe diferenciar entre quienes ejercen pacíficamente el derecho a la protesta y quienes incurren en actos violentos.
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“Es una modificación necesaria, hay que desamarrarle las manos a la Fuerza Pública. La protesta pacífica es un derecho que debemos garantizar, pero la violencia no puede recibir el mismo tratamiento”, aseguró el mandatario.
El gobernador calificó el actual Decreto 003 de 2021 como “nefasto”, una valoración que hizo al referirse a las reglas vigentes para la actuación de las autoridades frente a las manifestaciones.
Precisamente, con la premisa de que la “la autonomía universitaria no está por encima del orden público”, el presidente Abelardo de la Espriella anunció el mes pasado que su Gobierno creará un protocolo que establecería en qué casos las autoridades podrían intervenir en las universidades ante hechos de violencia o vandalismo.
Este aviso presidencial abre de nuevo el debate sobre los límites de la protesta, la autonomía universitaria y la actuación de la Fuerza Pública en esas instituciones.
El jefe de Estado dijo en alocución el domingo 13 de septiembre que “voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar”, en referencia a los hechos en los que haya comisión de delitos.
“He dado instrucciones claras para establecer un protocolo nacional de actuación que permita distinguir cuándo estamos frente al ejercicio legítimo de la protesta y cuándo existen hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público que exigen, sin lugar a dudas, la intervención de las autoridades”, agregó el mandatario.
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De la Espriella fue enfático en que “las universidades tienen autonomía” y que “eso no está en discusión”, pero dijo que “la autonomía universitaria no significa autonomía en materia de orden público ni convierte los campus en territorios sustraídos de la Constitución, de la ley o de la autoridad legítima del Estado”.
La propuesta para las universidades
Entre las observaciones presentadas por Antioquia al Gobierno Nacional, Rendón destacó especialmente la situación que se presenta al interior de las universidades públicas y demás instituciones de educación superior.
Su propuesta consiste en que, cuando dentro de estos establecimientos se registren hechos de violencia, la Fuerza Pública pueda intervenir sin requerir la autorización de las directivas de la institución.
“Hay una que consideramos especialmente importante. Se trata de lo que ocurre al interior de las universidades públicas y demás instituciones educativas de orden superior”, explicó el gobernador.
La propuesta plantea que esa intervención no sea discrecional, sino que esté sometida a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y diferenciación.
El planteamiento también busca que el ejercicio de la autonomía universitaria sea armonizado con otros derechos que pueden resultar afectados durante hechos violentos.
“La autonomía universitaria se respeta, pero no puede convertirse en una barrera que impida actuar a las autoridades cuando haya actos violentos”, sostuvo Rendón.
De esta manera, Antioquia propone que el nuevo marco regulatorio contemple de manera expresa qué puede ocurrir cuando una manifestación dentro de una institución educativa deja de ser pacífica y deriva en hechos que comprometen la integridad de personas o bienes.
Protesta pacífica y hechos violentos
Para el gobernador, uno de los asuntos centrales de la modificación es establecer una diferenciación entre la protesta legítima y los actos violentos que puedan ocurrir durante una movilización.
“La protesta pacífica es un derecho y debe garantizarse, pero la violencia no puede disfrazarse de protesta”, afirmó.
Rendón también cuestionó que el diálogo pueda convertirse, según su planteamiento, en un obstáculo para la actuación de las autoridades.
“El diálogo no puede convertirse jamás en una excusa para impedir que la Fuerza Pública cumpla con su deber de proteger la vida, la honra, los bienes y las libertades de las mayorías”, señaló.
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La propuesta de Antioquia, por tanto, plantea que la protección del derecho a la protesta debe coexistir con la garantía de otros derechos constitucionales, entre ellos la vida e integridad de las personas, la educación y la protección de los bienes públicos y privados.
Las observaciones de Antioquia van más allá del manejo de las manifestaciones dentro de las universidades.
La Gobernación también planteó ajustes relacionados con la participación de los departamentos en los Puestos de Mando Unificado (PMU).
La propuesta busca que la presencia de las gobernaciones no dependa exclusivamente de que una movilización se desarrolle en varios municipios, sino que también pueda darse cuando existan razones de seguridad y orden público que lo ameriten.
Así, el gobierno departamental podría participar en estos espacios incluso cuando una manifestación ocurra en un solo municipio, siempre que la dimensión de los hechos o las condiciones de seguridad hagan necesaria su intervención.
Antioquia también propuso precisar las labores de verificación a cargo del Ministerio Público.
Según el planteamiento, estas podrían realizarse antes, durante o después de una manifestación, pero no deberían retrasar o impedir la actuación de la Policía cuando esta resulte necesaria.
Otro de los ajustes consiste en ampliar los elementos que deben tenerse en cuenta dentro del denominado equilibrio constitucional durante una manifestación.
La Gobernación propone incorporar expresamente la protección de la propiedad pública y privada y el medio ambiente sano, además de los demás derechos que deben ser ponderados frente al ejercicio de la protesta.
Una propuesta que espera ser incorporada Rendón dijo que espera que las observaciones presentadas desde Antioquia sean tenidas en cuenta en el texto definitivo del decreto. “Esperamos que esta propuesta sea acogida por el Gobierno Nacional en el decreto definitivo”, concluyó.
Por ahora, el planteamiento del gobernador hace parte de las observaciones formuladas frente al proyecto de modificación del Decreto 003 de 2021.
El punto sobre las universidades abre uno de los debates centrales de la reforma: cómo garantizar el derecho a la protesta y, al mismo tiempo, definir las condiciones bajo las cuales las autoridades pueden intervenir cuando dentro de una institución educativa se presenten hechos violentos.
Preguntas y respuestas
- ¿Qué propone Antioquia sobre la intervención de la Fuerza Pública en las universidades?
- Antioquia propone que la Fuerza Pública pueda intervenir dentro de universidades y otras instituciones de educación superior cuando se presenten hechos violentos, sin requerir previamente la autorización de sus directivas.
- ¿La Fuerza Pública ya puede ingresar a las universidades sin autorización?
- No. El planteamiento de Antioquia hace parte de las observaciones a la modificación del Decreto 003 de 2021 y todavía no constituye una regla aprobada.
- ¿Qué dice Andrés Julián Rendón sobre la autonomía universitaria?
- El gobernador sostiene que la autonomía universitaria debe respetarse, pero plantea que no debería impedir la actuación de las autoridades ante hechos violentos dentro de las instituciones de educación superior.
