El presidente Gustavo Petro y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sostuvieron este fin de semana un encendido cruce de declaraciones a raíz del proyecto de Puerto Antioquia, que avanza en sus obras finales para recibir su primer barco este año.
La controversia se suscitó a raíz de una publicación realizada por el presidente durante la tarde de este domingo, en la que se refirió al proyecto de iniciativa privada y le “solicitó” al gobernador antioqueño hacer que este cumpliera con los requisitos ambientales.
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De igual manera, en línea con varias declaraciones que ya había emitido semanas atrás, el primer mandatario insistió en que el proyecto debería garantizar que las utilidades impacten positivamente el territorio.
“Le solicito al gobernador de Antioquia que haga que todos los requisitos para el proyecto de Puerto Antioquia de tipo ambiental y social se cumplan. Es la ley y deben cumplirla. Los municipios de Urabá deben recibir parte de las utilidades del puerto, y los permisos del uso del agua deben ser adquiridos”, expresó Petro en un trino.
Las declaraciones del presidente generaron reacciones encontradas, no solo por producirse en un contexto político sensible alrededor del proyecto, sino por reñir con el contexto del mismo.
Así lo advirtió el gobernador Rendón, quien contestando a la publicación del presidente le recordó que la Gobernación de Antioquia no tiene competencia alguna en regular la gestión ambiental del puerto, dado que la licencia ambiental del mismo fue otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), entidad del Gobierno Nacional.
“Le recuerdo además que la Gobernación no tiene competencia para otorgar licencias ambientales, concesiones de agua o permisos de vertimientos. En este caso, esas funciones corresponden exclusivamente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y a las CAR. Esto, conforme a la legislación vigente y en línea con el Decreto 1076 de 2015”, dijo el gobernador.
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A renglón seguido, el gobernador le recordó al presidente que variables como el uso del agua, las concesiones, el manejo de los vertimientos y la obligación de invertir “no menos del 1% del valor del proyecto en actividades de saneamiento”, eran todas parte de la licencia ambiental que ya le había otorgado la Anla a la obra, por lo que no tenía sentido pedirle a la Gobernación interferir en esos temas.
“Desde la Gobernación ejercemos nuestra función social y de articulación, promoviendo el diálogo entre actores, acompañando a las comunidades y exigiendo que el desarrollo se realice de manera legal, sostenible y justa para el Urabá Antioqueño”, añadió.
Puja por el proyecto
Pese a que en sus declaraciones ninguno aludió al tema, este cruce de pronunciamientos se produce tras varias semanas de tensiones alrededor de la megaobra, que tuvieron su epicentro sobre todo en Corporuabá, la corporación autónoma regional de Urabá.
Cabe recordar que si bien esta autoridad ambiental tampoco tiene bajo su jurisdicción la licencia ambiental principal del puerto, sí tiene dentro de su potestad una licencia para la construcción de una línea de transmisión clave para abastecer de energía al complejo.
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Dicha licencia, en un hecho que generó suspicacias, había sido suspendida en noviembre de 2024 y se sumó a un lío administrativo que obligó a frenar los trabajos.
Pese a que los términos de este permiso se reanudaron en febrero pasado, el director encargado de Corporuabá, Jorge David Tamayo, denunció un supuesto plan para torpedear el proyecto y se sacado de su cargo luego de haber reanudado precisamente dicha licencia.
El director aludió entonces a los intereses de un grupo político, liderado presuntamente por el exsenador liberal Julián Bedoya (quien niega esos señalamientos) para sacarlo de su cargo, con el apoyo de los delegados del Gobierno Nacional en Corporuabá, que tienen tres de diez asientos en su consejo directivo. Finalmente, el pasado jueves, Tamayo fue ratificado en su cargo.
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Por fuera de Corporuabá, cabe recordar que otro frente que tenía en vilo al proyecto se había abierto con la Anla, en noviembre de 2024 emitió tres suspensiones parciales sobre la obra. Sin embargo, en febrero pasado, dicha autoridad ambiental levantó dos de esas medidas y permitió la reanudación de los trabajos en componentes como los campamentos para oficinas, baños y casinos, así como un patio de acopio de materiales.
Al margen de todo este contexto político, cabe recordar que desde el proyecto se informó en días recientes que varios frentes de obra clave avanzan a toda máquina para que el puerto empiece a funcionar este año.
En cuestión de meses, el proyecto no solo ya avanza en el proceso para instalar tres mega grúas de 1.541 toneladas que moverán los contenedores, sino en culminar un viaducto de 4,1 kilómetros que conectará el muelle con los patios de los contenedores y los trabajos finales de su línea de transmisión.
Entre tanto, en su cruce de declaraciones de este fin de semana, el gobernador Rendón volvió a señalar a Petro de estar presuntamente torpedeando los principales proyectos de infraestructura en Antioquia.
“Presidente Petro, lamento que a usted todo lo bueno que pasa en nuestro departamento lo atormente. Los antioqueños estamos muy contentos con la llegada de los puertos a Urabá. ¿Por qué no le gusta que a Antioquia le vaya bien? (...) Nuestra vía al mar de Antioquia y Colombia, el acueducto de Urabá y los puertos, que nos conectan con el mundo, siguen firmes y nosotros los sacaremos adelante aunque a usted lo atormenten”, dijo.
