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Las transferencias de la Nación hacia los departamentos no dependen del ánimo presidencial, porque su obligatoriedad proviene del diseño constitucional y no de la simpatía política. Colombia, sin embargo, ha debido enfrentar un episodio desconcertante: la extraña mutación de la ley cuando entra en contacto con el escritorio del presidente Petro. Mientras la norma ordena girar con rigor, el mandatario decidió que podía interpretarse con flexibilidad caprichosa, casi emocional, como si las obligaciones del Estado se administraran con el mismo criterio con el que gasta su salario. Antioquia no solo no recibió los recursos que la Nación debía aportar, sino que esa ausencia se justificó con una narrativa ideológica producto del clientelismo y la politiquería.
La región entendió que había sido convertida en el escenario donde el presidente ponía a prueba su convicción de que la discrepancia merece sanciones presupuestales. No importó que los proyectos tuvieran carácter estratégico, financiamiento previo o compromisos ya firmados; importó algo más simple y más pobre: Antioquia no comulgaba con su proyecto político. Y si no había comunión, tampoco habría giro. Así quedó consignado, paradójicamente, no en un documento oficial, sino en la lista de obras abandonadas por el Gobierno: la vía de acceso del Túnel del Toyo, los tramos inconclusos de la vía a Bolombolo, la modernización del aeropuerto José María Córdoba y, para rematar, el acueducto regional de Urabá.
La negligencia deliberada puede camuflarse detrás de silencios, pero tarde o temprano se revela en los resultados. El caso del Túnel del Toyo muestra el contraste más nítido entre la disciplina territorial y la displicencia central. Antioquia abrió montaña, perforó roca, mantuvo cronogramas y contrató con seriedad. En contraste, el Gobierno nacional se limitó a ejercer el más corrosivo de los aportes: la inacción. Aquello que debía haberse ejecutado con la misma voluntad con que se firman discursos sobre equidad terminó en el limbo, como si la Nación considerara legítimo declarar un territorio “en pausa” por desacuerdo político. A este panorama se sumó un episodio que rozó lo absurdo, el presidente Petro preguntó por el agua potable en Urabá. La respuesta del gobernador desmontó ese gesto en segundos. El acueducto avanza con estudios y diseños financiados totalmente por la Gobernación. El presidente buscaba evidenciar un descuido; terminó exhibiendo el suyo.
Al final, Petro creyó que castigaba a todo un territorio. No entendió que el país no se construye a partir de sanciones políticas, sino de responsabilidades institucionales. La región terminó haciendo lo que debía hacer el Gobierno; ejecutando lo que debía financiar la Nación; construyendo lo que el presidente convirtió en instrumento de revanchas.
Petro no debilitó a Antioquia, la fortaleció en su autonomía, la afiló en su carácter y la confirmó en algo que ya intuía: cuando el Estado central falla, la región responde con una disciplina que no necesita permisos. Creyó que la castigaba; en realidad, la entrenó para demostrarle por qué, incluso sin él, Antioquia avanza.
