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En el control constitucional no pueden existir baches, paréntesis ni períodos sin supervisión efectiva, porque cualquier lapsus temporal se convierte en un estímulo peligroso para desconocer derechos fundamentales, consolidar violaciones irreparables o imponer medidas que alteren el orden jurídico sin el debido escrutinio. Esos vacíos incentivan abusos, permiten que hechos consumados se impongan y erosionan la confianza de la ciudadanía en el Estado de derecho.
Los antiguos romanos lo expresaron con precisión en el aforismo “vigilantibus non dormientibus iura subveniunt”, que se traduce en El derecho auxilia a los vigilantes, no a los dormidos. Aunque a menudo se invierte para advertir que los derechos no protegidos a tiempo se pierden, iura non vigilantibus pereunt, el principio subyacente es el mismo. La inacción o demora en la defensa de lo constitucional equivale a su perdición práctica.
Este axioma explica por qué, bajo una lectura estricta y garantista de la Constitución de 1991, la acción de tutela se justifica como mecanismo inmediato de salvaguarda de derechos fundamentales durante la vacancia judicial. En este interregno que va del 20 de diciembre de 2025 al 10 de enero de 2026 -pero que en la práctica se extiende hasta el martes 13, por el lunes festivo,- la Corte Constitucional no ejerce de forma ordinaria su control automático sobre, por ejemplo, decretos de emergencia. Adicionalmente, por ley estatutaria, el Consejo Superior de la Judicatura no puede suspender el receso para habilitar revisiones anticipadas. Dicho esto, la tarea de protección de derechos fundamentales únicamente reposaría en el juez de tutela al que por Constitución se le habilitó para tal fin. Negar la tutela en este escenario generaría, entonces, un vacío intolerable de protección, contrario al espíritu de la Carta Política.
El Decreto Legislativo 1390 de 2025, expedido el 22 de diciembre por el Gobierno para declarar emergencia económica y social tras el hundimiento de reformas tributarias, ilustra ese riesgo. Su ejecución inmediata podría producir efectos irreversibles sobre derechos fundamentales: participación democrática en asuntos fiscales, debido proceso legislativo en normas tributarias, seguridad jurídica y ejercicio de funciones congresionales. El “Decretazo” compromete el principio de legalidad tributaria, la representación popular y previsibilidad del sistema jurídico, con impactos que trascienden a afectados directos y alcanzan la institucionalidad democrática.
Precisamente para evitar que la pausa temporal en el control abstracto convierta violaciones en hechos consumados, la tutela actúa como herramienta transitoria y subsidiaria. No reemplaza ni anticipa el fallo definitivo de la Corte Constitucional que, como ha aclarado, avocará el estudio una vez reanudadas las labores en enero, sino que garantiza la suspensión provisional de efectos lesivos mientras llega ese pronunciamiento.
La tutela interpuesta por Paloma Valencia y el Centro Democrático el 24 de diciembre buscan proteger derechos ciudadanos ante lo que es, a todas luces, un abuso estratégico de las facultades excepcionales. Como recordaban los juristas romanos, un derecho no defendido oportunamente deja de serlo en la práctica. En un Estado constitucional como el nuestro, no caben pausas en la vigilancia: la justicia debe ser permanente, o no es justicia. La tutela, en este contexto, no es un atajo, sino el puente necesario para que la Constitución no duerma mientras otros actúan.
Posdata: Tres días después del “Decretazo”, el gobierno petrista inscribió ante la Registraduría el comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente. Esta movida hace urgente la captación de recursos fiscales pues necesitan financiar una campaña basada en el espejismo de la constituyente para seguir vendiendo ilusiones de cara a las elecciones del 26. Resistiremos..
