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El final de este nefasto gobierno progresista cada vez se parece más a la fábula de la rana y el escorpión, donde el Gobierno interpreta el papel del escorpión y 50 millones de colombianos interpretamos a la rana, que cuando se va a acercar a la otra orilla del río, es decir, al final del mandato presidencial, es mortalmente picada por el escorpión, con una reforma tributaria de 26 billones de pesos que simple y sencillamente expropia la renta y el patrimonio de los contribuyentes.
A nivel empresarial, el impuesto a los dividendos que se plantea de hasta un 41 %, junto con la tarifa del 35 % para las sociedades, la más alta de los países de la Ocde y una de las más altas del mundo, genera que la tasa de tributación del impuesto de renta para sociedades y socios se eleve del 48 al 61,7 %.
Y como todo lo de Petro, mentiras y falsedades. Recordemos los anuncios de hace más de un año, cuando prometía que les bajarían la tasa de renta a las pequeñas y medianas empresas a 30 %, y ahora lo que pretenden es elevar este impuesto descomunalmente.
En el caso de las sociedades del sector financiero, asegurador y minero, donde se plantea una tarifa impositiva del 50 %, la tasa de tributación sociedad-socio se eleva hasta el 70,5 %. Si a esto se agrega el efecto del 4 por mil, del ICA y del impuesto al patrimonio, la tasa final de tributac ión empresarial va a superar el 100 % de las utilidades de las empresas.
¿No se habrá percatado el señor Presidente en sus viajes por el mundo de que, gracias a la desafortunada gestión de su primer ministro de Hacienda, el doctor Ocampo, quien siempre se salió con la suya, ya tenemos actualmente la tasa de tributación más alta de la Ocde y somos el país con la más baja competitividad a nivel impositivo para las empresas formales? No obstante, para las empresas informales, Colombia sigue siendo el paraíso de la evasión y el contrabando, fenómenos frente a los cuales el candidato presidencial Mr. Taxes y los ministros de hacienda de este gobierno no hicieron absolutamente nada.
Mención especial merece la propuesta de elevar el impuesto al patrimonio, que pretenden subir del 1,5 al 5 % cuando ya de por sí es confiscatorio. Significa que en 20 años un contribuyente sometido a este tributo habrá perdido el 70 % de su patrimonio. Si ya se fueron del país 1,5 millones de colombianos, con esta propuesta no quedará en Colombia un solo empresario de patrimonio alto. Actualmente, más de 80.000 personas naturales renunciaron a la nacionalidad colombiana o cambiaron su residencia fiscal.
Pero los efectos devastadores no solamente son para las empresas, los accionistas y los contribuyentes de patrimonios medios y altos, sino que llegan con especial dureza hasta las personas de más bajos ingresos, para quienes el IVA de la gasolina se eleva del 5 al 19 %, y el impuesto al carbono que afecta el gas natural se incrementa en un 97 %.
No habrá producto de la canasta familiar que no se vea afectado por el incremento del precio de los combustibles. No habrá rincón del país, por alejado que sea, donde no se sienta el efecto de esta reforma si es aprobada. No habrá propietario de motocicleta ni pequeño productor de bienes y servicios que no se afecte con la propuesta impositiva.
De otra parte, un presupuesto para el año 2026 inflado en más de 40 billones, que lo único que busca es obtener unos recursos para financiar órdenes de trabajo de un ejército de zánganos que no van a trabajar y que son simples electores fletados para las próximas elecciones. Con este mecanismo el Gobierno ya gastó 15 billones en los pasados tres años, en 350.000 contratos de prestación de servicios.
En términos de ejecución presupuestal, en 2024 se dejaron de ejecutar $ 80 billones y a julio de este año el Gobierno registra un atraso en la ejecución de $ 70 billones. ¿Para qué, entonces, requiere una reforma tributaria de esta magnitud? La respuesta es evidente, para incidir en las elecciones del 2026.
Hace unos días el futuro de nuestra democracia dependía de la elección de un magistrado de la Corte Constitucional. Ahora el futuro depende de que esta reforma no sea aprobada. En esta ocasión nos estamos jugando la posibilidad de que el Gobierno manipule las elecciones de 2026. Gran responsabilidad tienen los parlamentarios en este tema, hoy nuevamente en ellos descansa el futuro de esta nación.
