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“Hay décadas en las que no pasa nada y semanas en las que pasan décadas”.
Así se siente esta: y eso que, mientras escribo estas líneas, apenas es jueves.
El sábado le dispararon en la cabeza, a quemarropa, a Miguel Uribe Turbay, el senador más votado del país y precandidato presidencial con grandes probabilidades de quedarse con la nominación del principal partido de oposición. Todavía no hay certeza sobre quién estuvo detrás del atentado político más grave en más de treinta años. Es un milagro que haya sobrevivido, y me incluyo entre quienes recibieron la noticia como un baldazo de agua fría, uno que yo, que tengo 27 años, no tenía memoria de haber vivido antes. Con gran impotencia, lo único que puedo hacer desde estas páginas es desearle una pronta recuperación a una persona extremadamente valiosa para el presente y futuro de Colombia.
El lunes, el Gobierno aprobó suspender la regla fiscal, abriendo la puerta a agravar aún más el despilfarro burocrático y a llevar el déficit a un nivel comparable solo con el registrado durante la pandemia: de un plumazo están borrando la credibilidad macroeconómica del país.
El martes se registraron 24 acciones terroristas concentradas en Cauca y Valle del Cauca, dejando cerca de 30 muertos y dando la sensación de que la escalada de violencia apenas podría estar comenzando.
El miércoles, el presidente Petro, bajo una tesis jurídica que sería un halago llamarla “pegada con babas”, decidió desafiar el Estado de derecho, desconociendo al Congreso y decretando la consulta popular.
Algo bizarro: en lugar de apostar por la reforma laboral que cursa en el Senado —casi idéntica al proyecto aprobado en la Cámara y con altas probabilidades de salir adelante—, Petro rompe la separación de poderes para impulsar una consulta popular con bajísimas posibilidades de alcanzar el umbral y que, en el caso improbable de prosperar, lo único que lograría sería dejarnos exactamente dónde estamos: con el Congreso encargado de aprobar una ley. El objetivo no es la reforma laboral, sino mantener un estado de campaña permanente.
Y hoy jueves, como si no fuera suficiente, pasamos la mañana bajo el fantasma de una resucitada Constituyente: tanto Petro como Montealegre dejaron claro que, si la Rama Judicial decide tumbar su esperpéntico “decretazo”, no se quedarán de brazos cruzados, sino que buscarán, siguiendo el manual del demagogo, una Asamblea Constituyente, donde tampoco dan señales de querer ceñirse a la Constitución del 91.
Por desgracia, todo este “caos” converge de forma inquietante en un mismo punto: las elecciones de 2026.
Unas elecciones en las que los candidatos no tienen cómo sentir garantías por parte de las entidades del Gobierno encargadas de protegerlos; en las que el Gobierno azuza a sus bases con un lenguaje beligerante que ni siquiera el intento de homicidio a Miguel Uribe ha logrado mermar; en las que el Estado de derecho se percibe como un obstáculo para un poder presidencial que no pretende tener límites; en las que, lejos de gobernar, la prioridad del Gobierno Nacional es estar en campaña permanente, con una capacidad de despilfarro de recursos públicos para la que están dispuestos a hipotecar el futuro de las finanzas públicas del país, retando a sus contrapesos y procurando hacerlos ver como ilegítimos; y todo ello bajo el caos de una violencia que el Ejecutivo ha mostrado poco interés en combatir.
Todas las miradas deben dirigirse ahora a la Registraduría que, primero, decidirá si convoca o no la consulta popular y, después, tendrá la responsabilidad de garantizar unas elecciones con plenas garantías para todos, convirtiéndose seguramente en el próximo blanco de ataques.
El respaldo al Registrador Nacional debe ser, como nunca, unánime y firme..
