El borrador de decreto que puso en consulta pública el Ministerio de Vivienda, con el que el Gobierno busca desindexar la Vivienda de Interés Social (VIS) del salario mínimo y fijar un tope único de hasta 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para todo el país, abrió un nuevo frente de discusión en un sector que ya atraviesa una de sus peores crisis en décadas.
Y es que tras el aumento del salario mínimo en un 23,7% para 2026, la VIS se incrementó hasta en más de 49 millones, ocasionando traumatismos en quienes estaban metidos en un proyecto de vivienda.
Por ende, el proyecto, que estará abierta a comentarios ciudadanos durante 15 días hábiles, pretende que el valor de la VIS se pacte en pesos desde las etapas iniciales del negocio y que no se ajuste posteriormente con los incrementos del salario mínimo. Según el Gobierno, la medida apunta a proteger a los hogares de menores ingresos y evitar aumentos “automáticos e injustificados” en el precio de la vivienda. Sin embargo, exministros, académicos y expertos del sector advierten que el decreto podría tener efectos contrarios.
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Uno de los pronunciamientos más duros vino de David Luna, abogado y exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, quien calificó la propuesta como un nuevo episodio de improvisación en política pública.
A través de su cuenta de X, Luna recordó que los proyectos VIS se estructuran con varios años de anticipación y que muchos encargos fiduciarios y promesas de compraventa se pactan incluso cuatro años antes de la entrega. Por eso, aseguró que el decreto no logrará reducir los precios de las viviendas que se entregarán en 2026.
“El daño ya está hecho”, señaló, al tiempo que responsabilizó al fuerte aumento del salario mínimo por haber disparado costos y frenado proyectos. En su concepto, la apuesta del Gobierno por “favorecer” a quienes ganan un salario mínimo terminó afectando a millones de hogares que hoy ven cada vez más lejano el sueño de la casa propia y enfrentan arriendos más costosos.
Para Luna, la salida pasa por reglas estables, costos previsibles y subsidios bien focalizados, en lugar de decisiones de corto plazo.
Riesgos legales y menos oferta VIS
En la misma línea crítica se pronunció José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, quien calificó el decreto como “pan para hoy y hambre para mañana”.
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Aunque reconoció que la medida puede generar una percepción de mayor transparencia para el comprador, Restrepo advirtió que se trata de una visión incompleta de la realidad del sector. Recordó que los proyectos VIS son de largo aliento y están expuestos a múltiples aumentos de costos: salarios, tasas de interés, financiamiento, licencias e insumos, muchos de ellos derivados de decisiones gubernamentales.
Desde su perspectiva, la indexación al salario mínimo tenía sentido y estaba respaldada por el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que cuestionó que ahora se pretenda modificar ese esquema vía decreto, lo que, según él, podría generar inseguridad jurídica.
Entre los efectos más graves, Restrepo alertó sobre un desincentivo para iniciar nuevos proyectos VIS, el aumento inmediato de los precios al tope máximo permitido y una mayor tasa de desistimientos por inviabilidad financiera. “Quien sale perdiendo son los hogares de más bajos recursos”, concluyó.
“Pretenden que Bogotá cueste lo mismo que un municipio pequeño”
Otra de las voces críticas fue la de Luis Felipe Henao, abogado, docente universitario y exministro de Vivienda, quien aseguró que la política habitacional atraviesa su peor momento histórico.
Henao recordó que el sector completa nueve trimestres consecutivos en negativo y que la oferta de vivienda se ha reducido cerca de 50%, un escenario que, según él, está empujando a las familias más pobres hacia la informalidad.
En ese contexto, cuestionó que el decreto reduzca el tope de la VIS a 135 salarios mínimos, afectando principalmente a las grandes ciudades. “Pretender que una VIS en Bogotá cueste lo mismo que en municipios con mercados inmobiliarios completamente distintos es desconocer la realidad del suelo y de los costos de construcción”, afirmó.
Además, advirtió que fijar el precio en pesos desde el inicio podría incentivar la compra de VIS como producto de inversión y no como solución habitacional para los hogares que realmente la necesitan.
El Gobierno defiende la medida
Desde el Ejecutivo, Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, salió en defensa del proyecto y aseguró que hace parte de la estrategia del salario vital. Según el funcionario, la iniciativa busca poner freno a abusos que terminan trasladando los aumentos del salario mínimo al precio de la vivienda social.
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“El proyecto reafirma el tope general de hasta 135 salarios mínimos, aclara que este límite no equivale al precio final del inmueble y establece reglas obligatorias para proteger al consumidor”, señaló Sanguino. También destacó que se incluyen regímenes excepcionales y que la propuesta busca fortalecer la transparencia y la seguridad jurídica.
Mientras el Gobierno insiste en que la medida protege a los más vulnerables, el sector constructor y varios exfuncionarios advierten que el remedio podría profundizar la crisis. El debate queda ahora en manos de la ciudadanía y de los ajustes que pueda tener el texto final del decreto.
No obstante, el panorama es complejo: en 2015, una VIS en Colombia tenía un valor de $96.652.500. Once años después, ese mismo tipo de vivienda se comercializa con un tope de $262.635.750, en ciudades como Medellín, Bogotá o Cali, por lo que solo en 11 años su valor subió $165.983.250.
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