El centro carcelario y penitenciario El Pedregal, de Medellín, está de nuevo bajo la lupa por cuenta de las denuncias alrededor de la alimentación que brindan a la población reclusa. En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación (PGN) emitió una alerta sobre deficiencias críticas en la comida y la salud en esta cárcel.
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La entidad del Ministerio Público reveló que presentó un informe preventivo sobre la contratación del servicio de alimentación en este centro penitenciario en el que se evidencian presuntos incumplimientos reiterados que estarían vulnerando los derechos humanos de los reclusos. La situación, según el órgano de control, podría tener una incidencia disciplinaria, fiscal y penal.
La Procuraduría indicó que en los procesos de interventoría de los contratos de alimentación se encontraron múltiples fallas que tienen que ver con aspectos como la calidad, la cantidad, los tiempos de entrega y las condiciones sanitarias de la comida que les suministran a los internos de la cárcel.
Esto, de acuerdo con el informe preventivo, pone en riesgo y afecta la salud física y mental de 7.000 personas privadas de la libertad, contando internos de El Pedregal, pero también del centro carcelario COCUC, de Cúcuta, otro establecimiento que estaría presentando similares problemas que el de Medellín.
Esta no es una situación nueva. Las denuncias por los malos servicios de alimentación son un tema frecuente en El Pedregal, tanto de la población masculina como de la femenina que se encuentra interna allí. Solo hace dos semanas, por ejemplo, personas privadas de la libertad en este centro carcelario hicieron una huelga de hambre en protesta por la mala calidad de los alimentos y las demoras constantes que viven para que se los entreguen.
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De acuerdo con quejas previas a la huelga, los internos manifestaron no aguantar más la comida que no era confiable para el consumo humano porque muchas veces presenta signos de descomposición como una coloración verde en la carne; pero además ha sido administrada en cantidades insuficientes y en horarios inusuales.
Las denuncias ante la Veeduría Penitenciaria Nacional mencionan que el desayuno muchas veces llegaba casi al mediodía, el almuerzo se repartía entre las cuatro y las cinco de la tarde y la cena hasta después de la medianoche, según el representante de esta entidad, Jorge Cardona.
Hasta el sitio tuvieron que desplazarse en ese entonces funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) llegados directamente de Bogotá; la Uspec (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios) que se encarga de coordinar la logística de las cárceles en el país; y representantes del Ministerio Público. Se reunieron con representantes de la población privada de la libertad y con los directivos del centro.
Una vez más, llegaron a un acuerdo que permitió levantar la huelga de hambre, entre el que se pactaron acciones como que los martes se les permita a los presos la entrada de alimentos que les proporcionan sus familias; que el contratista de la alimentación cumpla con un gramaje y asegure la mejor calidad de las raciones que suministra; y que se corrigieran las fallas en los horarios de entrega de la comida. También se comprometieron a reforzar la sanidad de la infraestructura con mantenimiento de equipos, la construcción de un nuevo cuarto frío y reparaciones con el fin de evitar filtraciones en el rancho.
Pues casi 15 días después de que se levantara la huelga de hambre se conoce el informe preventivo de la Procuraduría, desde donde indicaron que el documento fue trasladado a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría General de la República y al eje disciplinario de la Procuraduría, para adelantar un trabajo articulado que permita mejorar las deficiencias en la alimentación que se presentan en El Pedregal y la cárcel de Cúcuta.
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