El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, radicó ante la Corte Constitucional una solicitud para que se adopten medidas cautelares de urgencia con el fin de suspender la aplicación del decreto que declaró la emergencia económica en el país, mientras el alto tribunal toma una decisión de fondo sobre su constitucionalidad.
Según el mandatario, permitir que el decreto continúe vigente podría generar efectos económicos y jurídicos irreversibles, por lo que pidió que la Corte frene de manera temporal sus alcances. La solicitud fue presentada el mismo día en que la Corte Constitucional retoma sesiones, lo que, de acuerdo con el alcalde, hace urgente un pronunciamiento preventivo.
“Tenemos elementos suficientes y detallados en este documento de 48 páginas, consideramos que es abiertamente ilegal e inconstitucional. Pedimos que, en los próximos días, ojalá muy rápido, esa medida cautelar se haga efectiva. Es muy grave tener un presidente que se quiere imponer sin respetar la separación de poderes. Esto pone a prueba la democracia y las instituciones”, explicó el mandatario.
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Uno de los argumentos centrales de la solicitud de medida cautelar radicada por el alcalde de Medellín señala que el decreto de emergencia económica estaría diseñado para evadir el control constitucional aprovechándose de los tiempos de vacaciones de la Rama Judicial. El documento detalla que “el Ejecutivo logró aprovechar que la Rama Judicial se encuentra en vacancia hasta el 13 de enero para ejecutar medidas que el Congreso de la República ya había rechazado previamente en el debate democrático ordinario” y advierte que, al operar durante ese periodo, “logró eludir el control jurisdiccional a pesar de su actuar manifiestamente inconstitucional”.
El alcalde Gutiérrez aseguró que el Gobierno Nacional estaría asumiendo funciones que le corresponden al Congreso de la República, al amparo de la declaratoria de emergencia económica. En ese sentido, explicó que la petición se centra específicamente en una medida cautelar, mientras se estudia una decisión de fondo que, a su juicio, debería concluir con la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto.
Otro de los puntos expuestos en la demanda sostiene que, de no suspenderse el decreto, se consolidarían perjuicios patrimoniales irreversibles para los ciudadanos y advierte que permitir la vigencia del decreto implicaría que “la presunción de constitucionalidad se convierta en una licencia para subvertir el orden democrático”.
El alcalde también advirtió que, en el marco de la emergencia, el Gobierno expidió el decreto que dio paso a una reforma tributaria el pasado 29 de diciembre, lo que permitió que desde el 1 de enero comenzaran a aplicarse nuevos impuestos.
“El decreto de emergencia económica que habilitaría tomar la decisión por decretos, por ejemplo, como el tema de la reforma tributaria, pasa muchos elementos de consumo del 5 al 19%, cuando es abiertamente inconstitucional. Y sabemos que esto aumentará justamente también el costo de vida”, expresó el alcalde de Medellín.
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La emergencia económica se decretó bajo una supuesta crisis, que toma como argumentos el cumplimiento del auto de la Corte Constitucional relacionado con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de salud, obligación que según el mandatario, está pendiente desde hace tres años. Al respecto, la Alcaldía de Medellín interpuso una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.
Otra de las razones de la solicitud, es la garantía de seguridad por alteraciones en el orden público, que no es acorde, según la administración distrital, con los beneficios que desde el Gobierno Petro se otorgan a los grupos criminales.
A estas motivaciones se suman otras preocupaciones como los desastres naturales causados por la ola invernal y el pago de sentencias judiciales, las cuales, según Gutiérrez, no ameritan una emergencia económica, dado que no son imprevisibles.
La solicitud también cuestiona la necesidad real de la emergencia económica, al señalar que el Gobierno contaba con mecanismos ordinarios de financiamiento suficientes. El documento expone que “el 19 de diciembre de 2025, el Gobierno nacional culminó con éxito una venta directa de títulos TES por $23 billones”, operación que, según el documento, “elimina efectivamente la justificación para acudir a una emergencia económica excepcional”.
Asimismo, se afirma que “la exclusión de una operación tan exitosa en el texto oficial genera serias dudas sobre la transparencia del diagnóstico fiscal actual”.
Finalmente, el mandatario local hizo un llamado a ciudadanos, gobernadores, alcaldes, empresarios y gremios para que se sumen a la solicitud presentada ante la Corte Constitucional, con el objetivo de fortalecer el debate jurídico y frenar los efectos inmediatos de la emergencia económica.
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