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Fallo obliga a mejorar la alimentación en la cárcel El Pedregal de Medellín, ¿lo cumplirán?

Un fallo de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la protección de los derechos a la dignidad y la salud de siete reclusos en El Pedregal que pusieron una tutela.

  • Reclusos llevan años denunciando las terribles condiciones en las que reciben la comida. FOTOS: EL COLOMBIANO Y CORTESÍA.
    Reclusos llevan años denunciando las terribles condiciones en las que reciben la comida. FOTOS: EL COLOMBIANO Y CORTESÍA.
hace 6 horas
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El Tribunal Administrativo de Antioquia emitió un fallo de segunda instancia que reafirma la obligación ineludible del Estado colombiano de garantizar la alimentación “adecuada, en cantidad y calidad” para los reclusos de la cárcel El Pedregal de Medellín.

Esta sentencia judicial es una respuesta a las denuncias sistemáticas de hambre y trato cruel e inhumano que, según defensores y los propios internos, se viven a diario en este centro penitenciario, sumándose a un largo historial de violaciones a los derechos humanos.

Entérese: Presos de la cárcel El Pedregal, de Medellín, levantaron huelga de hambre

La Sala Octava del Tribunal, mediante sentencia del 22 de septiembre de 2025, confirmó el amparo de los derechos fundamentales a la dignidad humana, la salud, la integridad personal y la vida de siete personas privadas de la libertad (PPL) que interpusieron una acción de tutela.

El Tribunal no se anduvo con rodeos y enfáticamente dispuso que “pasar hambre en una cárcel constituye un trato cruel e inhumano”.

El fallo judicial desestimó los argumentos de las entidades accionadas, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), quienes previamente habían alegado falta de competencia.

Ahora, la sentencia ordena responsabilidades claras y directas:

1. A la USPEC: Garantizar que la Unión Temporal UT Integración USPEC 2025 (el contratista) suministre una alimentación adecuada, cumpliendo con la cantidad, calidad, menú y horarios estipulados en el contrato.

2. Al INPEC: Supervisar, a través del Comité de Seguimiento al Suministro de Alimentación (COSAL) dentro del penal, que se entreguen las cuatro raciones diarias (desayuno, almuerzo, cena y refrigerio nocturno) en condiciones de higiene y en los horarios pactados.

3. A la Unión Temporal UT Integración USPEC 2025: Entregar los alimentos a los internos “en los tiempos, cantidades, raciones y calidad” acordes con el contrato.

Adicionalmente, el Tribunal ordenó que el expediente sea remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión, buscando posiblemente efectos más allá de los siete demandantes.

Esta decisión llega tras años de denuncias recurrentes sobre la miseria alimentaria en El Pedregal, que alberga a más de 3.500 personas, incluyendo más de 1.300 mujeres.

Los internos que interpusieron la tutela relataron que recibían comida deficiente, en porciones insuficientes, sin frutas ni sopa, y con una sola ración al día en ocasiones, poniendo en riesgo su salud y su vida.

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Jorge Carmona, defensor de derechos humanos de la población privada de la libertad, ha sido una voz constante que documenta estas condiciones. Carmona ha denunciado que la comida llega en un estado “no apto para seres humanos, cruda, en cantidades muy poquitas”. Incluso se ha reportado que la carne presenta coloración verde por descomposición.

El problema no solo es la calidad, sino también el tiempo: los horarios son “a destiempo” o “inusuales”. Según Carmona, los reclusos han llegado a recibir el desayuno casi al mediodía, el almuerzo entre las cuatro y las cinco de la tarde, y la cena hasta después de la medianoche.

Esta crisis es tan grave que, apenas semanas antes del fallo, en agosto de 2025, internos de varios patios declararon una huelga de hambre en protesta por la mala calidad y las demoras constantes.

El hambre es solo una arista del problema

El problema de la cominda en El Pedregal es solo una arista de una crisis humanitaria mayor bien conocida pero poco o nada atendida.

El defensor Jorge Carmona ha señalado que la falta de alimentación se está “concatenando” con problemas sanitarios graves, advirtiendo que la situación podría convertirse en una ”pandemia de salud pública”.

La preocupación se fundamenta en recientes crisis como el brote de tuberculosis que afectó a al menos diez reclusas en el patio de mujeres, donde cohabitan cerca de 169 internas en riesgo. Las denuncias también incluyen la falta de atención oportuna en salud, la ausencia de insumos básicos de higiene (como tapabocas o alcohol), y la falta de garantía en tratamientos para enfermedades crónicas.

Además, la cárcel ha sido un foco de denuncias espeluznantes de abuso sexual, torturas y golpizas. Se han reportado casos de mujeres víctimas de abuso sexual por dragoneantes del Inpec, incluyendo una reclusa que, como consecuencia, quedó embarazada de alto riesgo. En otro caso reciente, una interna habría sido drogada con una sustancia similar a tusi y obligada a tener actos sexuales por dos dragoneantes.

Pese a que se han tomado medidas administrativas, como la destitución de un subdirector o el traslado de guardianes implicados, ni el Inpec, ni la Uspec, ni la Fiscalía, ni el Ministerio de Justicia han demostrado avances reales para poner fin a las violaciones de derechos humanos que se acumulan semanalmente.

De hecho, los internos han expresado su inconformidad con la Personería Distrital de Medellín y la Defensoría del Pueblo, acusándolas de ”no venir a conocer la realidad” y de no ingresar “patio por patio” para escuchar sus quejas directamente. El defensor Carmona, por su parte, afirmó que le ha tocado escribir a la Corte Constitucional porque le están prohibiendo el ingreso a los defensores.

¿El fallo logrará algún cambio?

La decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia se suma a los compromisos adquiridos previamente por la USPEC y el INPEC, como los pactados tras la huelga de hambre de agosto, donde prometieron mejorar el gramaje, la calidad y los horarios de la comida.

Sin embargo, el informe preventivo de la Procuraduría General de la Nación, emitido el 15 de septiembre de 2025, advirtió sobre fallas críticas y “presuntos incumplimientos reiterados” en la contratación del servicio de alimentación, señalando posibles incidencias disciplinarias, fiscales y penales.

Ante este panorama de promesas incumplidas y una crisis estructural, la orden del Tribunal podría significar un cambio importante, pero queda en el aire la pregunta que hoy se hacen las personas privadas de la libertad en El Pedregal, y la ciudadanía que observa la tragedia carcelaria: ¿lo cumplirán, o este fallo será solo otro “pañito de agua tibia” ante el infierno que se vive en la cárcel?

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