Este martes, un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá definirá si impone medida de aseguramiento contra el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, señalado de estar implicado en el millonario desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).
La Fiscalía lo acusa de haber utilizado su influencia política de más de 30 años para consolidar una estructura criminal que habría comprado la gobernabilidad en el Congreso, a través de dineros desviados de contratos destinados a la atención de emergencias naturales.
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“Carlos Ramón actuó con dolo directo, en la medida en que conocía los hechos constitutivos de la conducta punible. Usted, Carlos Ramón, sabía que ofrecía a Name y Calle contratos y luego dinero en efectivo, y que, a cambio de esto, apoyarían los intereses del Gobierno. Determinaba al entonces director de la UNGRD al ordenarle, contrariando el ordenamiento jurídico, la entrega de la coima”, afirmó la fiscal del caso.
Según el ente acusador, González representa un peligro para la sociedad. A juicio de la Fiscalía, no necesita ocupar un cargo público para incidir en la investigación o continuar afectando el proceso judicial. Su poder, insistió, radica en el capital político que ha acumulado durante tres décadas como estratega y figura influyente de su partido.
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Por su parte, la defensa del exfuncionario, encabezada por el abogado Iván Cancino, pidió al Tribunal abstenerse de imponer la medida de aseguramiento. Argumentó que no existen pruebas sólidas en contra de su cliente y que los testimonios que lo involucran presentan múltiples inconsistencias.
“No solo no se cumplen los requisitos legales y jurisprudenciales para acceder a esta medida, sino que hay claras y serias deficiencias probatorias; gravísimas contradicciones en las declaraciones rendidas por el señor Olmedo López, único testigo que la Fiscalía tiene para pedir esta imputación y esta medida de aseguramiento. Los demás nombres, los demás informes, las demás evidencias... ante la debilidad de la prueba presentada por la Fiscalía, pues los hace para tratar de soportar la medida solicitada. Desafortunadamente, tanto la declaración de Olmedo como los demás soportes, en el caso de Carlos Ramón, son como un castillo de naipes en una tormenta, no aguantan la misma y se caen y se desbaratan en favor de mi cliente”, dijo el defensor.
