Un juez de la República negó el principio de oportunidad al que habían llegado Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y la Fiscalía General. Según altas fuentes consultadas por EL COLOMBIANO, esto obedeció a faltas de la Fiscalía en el procedimiento y podría poner todo el caso en riesgo.
Como parte de ese acuerdo con la justicia, López no solo se comprometía a delatar a otros involucrados, sino también a pagar una multa superior a los 700 millones de pesos y a ofrecer una serie de medidas de reparación simbólica y material dirigidas a las comunidades guajiras, algunas de las cuales ya han generado polémica.
La decisión tiene una implicación inmediata y es que todas las delaciones que hasta ahora ha hecho Olmedo López corren el riesgo de no tener consecuencias en la justicia. Justamente, hoy María Alejandra Benavides, la entonces asesora del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, tuvo dos declaraciones extensas en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en donde se refirió a por lo menos siete congresistas que pudieron haber cometido delitos en su interlocución con el Gobierno para conseguir contratos en las regiones a cambio de votos favorables para los proyectos o solicitudes del Ejecutivo.
Regístrate al newsletter