Las delaciones que prepara el condenado exdirectivo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla, podrían hundir a varios funcionarios del Gobierno Nacional que, hasta ahora, solo han sido salpicados en el escándalo de corrupción.
Aunque sobre Pinilla pesa una condena por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado, de cinco años y ocho meses de prisión, ahora aspira a que la justicia le conceda un principio de oportunidad que le ayude a evitar las penas por otros cinco cargos: tres punibles por interés indebido en la celebración de contratos, más falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
Así se desprende del Acta de Compromiso entre Pinilla y la Fiscalía, fechada el 17 de julio de 2025, en la cual Pinilla se compromete a declarar en contra de una presunta organización criminal conformada para usar los dineros de la UNGRD con el propósito de sobornar a congresistas, buscando el apoyo legislativo para los proyectos del Gobierno de Gustavo Petro.
En la estructura ilegal participan miembros de dicho Gobierno, contratistas y legisladores, cuyos nombres ya conoce la opinión pública.
El funcionario de más alto nivel comprometido hasta ahora es el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en contra de quien Pinilla va a declarar.
El exdirectivo de la UNGRD testificó que a finales de julio y principios de agosto de 2023, su jefe Olmedo López le contó que en un Consejo de Ministros le pidieron entregar recursos de la entidad a congresistas para presuntamente impulsar los proyectos de ley que presentaba el Gobierno en el Congreso.
El 19 de septiembre de ese año la UNGRD le solicitó al Ministerio de Hacienda una adición presupuestal de $700.000 millones, que tres días después fueron aprobados por Bonilla mediante la Resolución N°2407. Esa asignación sería usada “para los temas de Congreso”, en palabras de López.
Contratos de la discordia
La UNGRD, en cabeza de López, Pinilla y algunos de sus subalternos, desplegó una estrategia para asignar contratos de manera irregular, buscando captar los recursos para enmermelar a los congresistas.
Dentro de esos hechos está el trámite de tres proyectos en los municipios de Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y El Carmen de Bolívar (Bolívar), con los que se pretendía complacer a algunos congresistas de la Comisión de Crédito Público, que supuestamente percibirían coimas a través de los contratos de ejecución e interventoría.
La jugada buscaba que ellos emitieran conceptos favorables a las solicitudes con las que el Gobierno pretendía ampliar el cupo de crédito de endeudamiento de la Nación.
Al respecto, Pinilla confesó que recibió varias llamadas y mensajes del ministro Bonilla, en las que este, al parecer, le pedía celeridad con esos contratos para que “no se cayeran los créditos de la Nación”.
En una de esas conversaciones, le dio el contacto de María Alejandra Benavides, la asesora técnica del Viceministerio General del Ministerio de Hacienda, con quien debía coordinar esos movimientos.
“El 31 de enero de 2024 Benavides llamó a Pinilla y le manifestó que el ministro Bonilla se encuentra muy molesto porque esos contratos eran para diciembre y ya estaban en enero. Pinilla le respondió que se encontraban de incendio en incendio, que le tengan paciencia, ya que estaba todo muy complicado y mediático”, preciso la Fiscalía en el documento.
La insistencia de Benavides, actuando en nombre de Bonilla, presuntamente, duró tres meses. A juicio de Pinilla, el ministro asumió un rol central en la gestión de esos tres proyectos.
Bonilla ha rechazado los señalamientos, aduciendo que se trata de una persecución política que busca enlodarlo a él y al gabinete presidencial.
En una situación parecida está el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a quien Pinilla también sindica de hacer parte del escándalo de corrupción. A él lo señala de ejercer influencias indebidas para la asignación de un contrato para construir unos canales de agua en Sahagún, Córdoba.
El principio de oportunidad, conforme a lo prometido en el Acta de Compromiso entre Pinilla y la Fiscalía, tendrá que ser presentado ante un juez, quien decidirá si lo acepta o no.
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