La situación humanitaria en el sur del departamento de Bolívar es dramática. Más de 7.000 familias permanecen confinadas desde hace al menos 12 días en los municipios de Santa Rosa del Sur y Montecristo, debido a los bloqueos y ataques armados del Eln y el Clan del Golfo.
La población no puede moverse, los corredores viales están bajo fuego cruzado, y el ingreso de alimentos, combustibles y servicios básicos está completamente restringido. En las veredas de La Mariposa, San Lucas, Canelos, Villaflor, Fátima y Buenavista, la emergencia se siente cada hora con más fuerza.
Lea más: Combates entre el Ejército y el Clan del Golfo dejan tres soldados heridos en el Occidente de Antioquia
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana tras identificar que estas comunidades están en riesgo extremo. El llamado es claro y urgente: los grupos armados deben cesar de inmediato toda acción que atente contra la vida e integridad de la población civil.
“La crisis no tiene precedentes”, advierte la Gobernación de Bolívar
En entrevista con Noticias Caracol, Manuel Berrío, secretario de Seguridad de Bolívar, describió con crudeza el escenario: “Por el lado de Santa Rosa del Sur hablamos de más de 5.000 personas confinadas y por el lado de Montecristo, alrededor de 2.000 familias. Esta es una situación sin precedentes”.
Aunque el Ejército ha intentado recuperar el control, las vías siguen bloqueadas y la población sigue atrapada. “Pese a los esfuerzos heroicos de nuestros hombres del Ejército Nacional, no se ha podido liberar las vías de acceso”, añadió Berrío.
La falta de respuesta estatal también alimenta el descontento, la ayuda humanitaria no llega, el silencio institucional domina y el temor crece entre los habitantes, que ven cómo la violencia escala mientras el Estado guarda distancia.
Entérese más: Ejército desactivó bombas con más de 100 kilos de explosivos plantadas por el ELN en la vía a la Costa Caribe
El ELN usa drones explosivos y siembra el terror en Santa Rosa del Sur
La violencia no es abstracta. Es directa, brutal y sistemática. El pasado 2 de agosto, en zona rural de Pie de Sabana, en Santa Rosa del Sur, tropas de la Primera División del Ejército fueron atacadas con drones cargados con explosivos mientras adelantaban operaciones contra el Eln.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue enfático: “Atacar a la población civil es un acto cobarde y una violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario. (...) Quienes usan explosivos para intimidar y presionar a las comunidades no son rebeldes, son terroristas”.
Aunque se ha logrado abrir parcialmente el corredor entre Santa Rosa y Canelos, los grupos armados han intensificado su ofensiva con métodos no convencionales, como los drones explosivos, para aislar aún más a la población y mantener su control territorial sobre zonas ricas en minería ilegal.
Un soldado asesinado y seis militares heridos en combates con el Clan del Golfo
En otro punto caliente de la región, en el municipio de Montecristo, los combates con el Clan del Golfo también han dejado víctimas. El pasado 31 de julio, un soldado fue asesinado en el sector de Mina Cañón, y otros seis militares han resultado heridos en los días recientes.
Según el general William Fernando Prieto Ruiz, comandante de la Primera División, ambos grupos armados intentan frenar el avance del Ejército para mantener control de corredores estratégicos utilizados para narcotráfico y minería ilegal.
Siga leyendo: “Estamos muy preocupados, nunca nos había pasado una cosa de estas”: transportadores rechazan atentado del ELN
“Ambos buscan frenar la movilidad de la población, aprovechar estos corredores para el tráfico de drogas y adelantar acciones criminales contra civiles y la Fuerza Pública”.
El saldo parcial es estremecedor: un militar muerto, seis heridos, cuatro civiles secuestrados y miles de personas completamente aisladas. Las acciones armadas se dan en plena zona minera, donde los grupos ilegales se disputan el control de las rentas criminales.
Con casi dos semanas de confinamiento, la situación es de crisis. La Defensoría del Pueblo reiteró su llamado a las autoridades para coordinar una respuesta inmediata y efectiva.
“Se requiere garantizar, en un primer momento, la atención humanitaria a las comunidades afectadas”, urgió la entidad.
En paralelo, las autoridades locales insisten en que no basta con operativos militares. Se necesita una intervención integral del Gobierno Nacional, que hasta ahora ha mantenido una respuesta limitada frente al drama que viven los habitantes de esta zona olvidada del país.
Regístrate al newsletter