El adolescente de 15 años –antes de convertirse en el gatillero que disparó contra el senador Miguel Uribe–, era un niño que disfrutaba de practicar BMX y de bailar breakdance al ritmo del rap. Una aparente ruptura familiar lo llevó a consumir sustancias psicoactivas y ya en el mundo de las drogas fue instrumentalizado para empuñar las armas.
El menor permanece bajo internamiento en el búnker de la Fiscalía. Está imputado por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Allá, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar trata de acompañarlo con un equipo de psicólogos y trabajadores sociales. La Fiscalía, por su parte, busca aprovechar su testimonio para dar con el paradero de los autores intelectuales del atentado al precandidato presidencial.
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Información a la que tuvo acceso EL COLOMBIANO indica que el menor tiene dos antecedentes por violencia: el primero ocurrió cuando todavía estaba en el colegio y se habría ido a los golpes con uno de sus compañeros, el otro era el constante flagelo de la violencia intrafamiliar.
Del adolescente se conoce que su padre reside en Polonia y que es huérfano de madre: la señora falleció a los 23 años, el niño todavía era muy niño. Desde entonces, vive con su tía materna y con un tío que es conductor en Bogotá.
Esa ruptura familiar, al parecer, lo llevó a abandonar la escuela y a frecuentar las plazas de vicio.
La violencia constante en la casa y en la escuela
Desde 2022, los espacios de Bienestar Familiar y los procesos de restablecimiento de derecho empezaron a ser parte de la cotidianidad del menor infractor. Cuando estaba en quinto de primaria, con 11 años, empezó a tener problemas de agresividad: era un niño que hacía bullying a sus demás compañeros de clase.
Para entonces, conoció EL COLOMBIANO, la institución educativa en la que estaba decidió remitirlo a orientación psicológica y escolar. Pero su padre, un militar retirado, no asistió a ninguna de las sesiones y alegó que no “creía en la psicología”.
“Adicionalmente, el progenitor el día viernes amenazo a dos docentes del colegio y es muy agresivo, funcionario indica que el niño requiere de un apoyo psicológico, pero el señor se opone totalmente a esto, agrega que la progenitora falleció hace algunos años y presume que esto también ha generado afectaciones al niño”, apuntaba el informe en 2022.
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En 2022 el niño volvió a aparecer en los expedientes del ICBF. El informe menciona que su tía materna acudió en búsqueda de ayuda porque el niño era constantemente víctima de agresiones físicas y verbales por parte de su padre. El menor decía que no quería vivir más con su papá.
Justo el año pasado, el ICBF recibió una llamada del padre del menor. Buscaba ayuda porque su hijo, al parecer, ya no acataba las normas, era “agresivo” y “desafiante”. El padre afirmaba que se estaba conteniendo de acudir a los castigos físicos, pero reconocía que alzaba su voz e insultaba al menor.
“Me salí de control, me desesperó, pues no aguanto su actitud. Él pretende que todo el mundo le haga las cosas no se le puede decir nada y trata a todos como si fueran unos esclavos, yo me salí de control y lo grité”, apuntó el padre y describió que su hijo ya no organizaba su cuarto, permanecía sucio, con mal olor y cuando se le llamaba la atención respondía “desafiante y agresivo”.
“El contexto familiar es determinante. La mayoría de jóvenes infractores crecen en ambientes donde la familia es casi nula o no existe. Esto suele ser determinante a la hora de que un menor sea arrojado a la calle”, apuntó Juan Carlos Vanegas, exfuncionario de apoyo psicológico del Centro de Atención Especializado para Adolescentes y Jóvenes Carlos Lleras Restrepo, conocido como La Pola en diálogo con este diario.
Durante las audiencias de control de garantías, el menor señaló que le ofrecieron hasta 20 millones de pesos para cometer el atentado. Añadió que el dinero solo iba a ser desembolsado cuando finalizara el crimen. Era solo un peón dentro de la red criminal. Al momento de su huida no había una aparente ruta clara de escape: su desenlace inevitable iba a ser la captura o el linchamiento de la ciudadanía enfurecida.
“Cuando las familias se enteren de que sus hijos están en la esquina o tienen problemas de consumo de sustancias psicoactivas, es ya un signo de alerta que puede llevar a los niños a cometer delitos. La mayoría de las veces inician en el mundo delictivo porque se dejan seducir de las drogas, el dinero, las armas y la vida que tiene ‘el duro’ de la vuelta”, apuntó el psicólogo consultado.
La Fiscalía aseguró que el joven y su familia será incluido en el programa de protección a testigos. Tendrían reubicación, sostenimiento y hasta cambio de nombre.
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